Greenpeace ha presentado en rueda de prensa su informe “El viaje de los residuos nucleares al ATC. Un riesgo innecesario para 216 municipios”, con la que la organización traza las rutas que seguirán los residuos nucleares de camino al Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), en caso de que finalmente este se lleve a cabo. En la web de esta iniciativa, y a través de un mapa interactivo, se reproducen las siete rutas para el transporte de residuos que ha designado la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) en su proyecto del cementerio nuclear. Estas rutas atravesarán un total de 216 municipios españoles, con más de seis millones de habitantes, que pueden consultarse en la web hecha por Greenpeace, así como los puntos negros de las carreteras por los que pasarán.
Unos 40 camiones circularán anualmente por Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Extremadura, lo que supone una media de tres transportes cada mes, según los cálculos de Enresa. Los municipios por cuyos términos municipales pasarán los residuos no están participando en la toma de decisiones de este proyecto, ya que no han sido consultados.
La organización ecologista ha advertido de los riesgos que tiene el transporte de residuos nucleares por carretera y de las implicaciones económicas para el Estado. Además, Greenpeace ha declarado que el proyecto supondría un despilfarro económico, ya que costaría 1.000 millones de euros, que asumiría Enresa, frente a los 20 millones que cuesta aproximadamente cada almacén individualizado creado en cada central, los cuales además ya están construidos o en proyecto en ocho de los nueve reactores nucleares. Además del coste de cada Almacén Temporal Individualizado (ATI) se encargaría cada central.
En la actualidad el CSN ya ha tramitado su informe para la autorización previa para el emplazamiento y ha iniciado la licitación de la obra civil sin tener aún todos los preceptivos informes previos, lo que pone de manifiesto una situación irregular.
La organización, junto con la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca y Ecologistas en Acción, solicita al Gobierno de España la paralización inmediata de este proyecto. Una moratoria que implique la paralización de los permisos, autorizaciones y licencias hasta que se actualice el Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos, se concluyan todas las evaluaciones de peticiones de información técnica y estas decisiones se sometan a un proceso de participación pública para escoger la alternativa socialmente más apoyada.
Fuente: Greenpeace