2024: El año en el que el cambio climático nos ha golpeado con más fuerza, según Greenpeace

“Termina el año en el que en España hemos sentido el cambio climático con toda su crudeza, con la DANA que asoló en octubre algunas comarcas del sureste español. Por ello, es más necesario que nunca denunciar la crisis climática, que está provocando el sufrimiento de miles de ciudadanos y ciudadanas en todo el mundo, y a aquellos que quieren ocultarla. En 2024, en Greenpeace celebramos el 40º aniversario de la organización diciendo que no nos van a callar. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en 2025: alzar la voz, cueste lo que cueste”, ha declarado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España: “Entre otras cuestiones, seguiremos vigilando al nuevo Gobierno de la Unión Europea, que prioriza el gasto militar sobre la transición justa y verde, lo que, unido al resultado electoral en Estados Unidos, puede traer consecuencias devastadoras para los derechos y libertades, la salud de la democracia y el futuro del planeta”.

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Las buenas noticias de 2024:

El Gobierno anuncia la puesta en marcha de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) para recuperar hasta el 90 % de estos residuos (frente al 40 % actual) tras las reiteradas denuncias de Greenpeace sobre los datos incorrectos de Ecoembes. Este paso nos acerca más al fin de la contaminación plástica.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena por primera vez a un Estado por no proteger a su población frente al cambio climático tras la denuncia de las “KlimaSeniorinnen” contra Suiza, un precedente esperanzador para el primer litigio climático de la historia de España, que reclama más ambición en la lucha contra el cambio climático y que acaba de ser admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
Tras una dura pugna, entra en vigor finalmente el Reglamento sobre la Restauración de la Naturaleza, para proteger el 20 % del territorio marino y terrestre europeo de aquí a 2030 y todos los ecosistemas que necesitan restauración de aquí a 2050.
El 56 % de la electricidad generada a lo largo del año procede de energías renovables en España, lo que permite que las emisiones anuales del sector eléctrico continúen bajando.
El ritmo de pérdida de superficie forestal global disminuyó respecto a la década anterior, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Dos proyectos que atentan contra espacios protegidos, la macrocelulosa de Altri en Palas del Rei (Lugo) y el segundo museo Guggenheim en Urdaibai (Bizkaia) son rechazados por cerca de un millón de personas.
Después de más de un año de presión social por parte de activistas, científicos y la comunidad internacional, el Gobierno noruego detiene las primeras licencias de minería en aguas profundas en el Ártico. Además, más de 30 países piden que se detenga el inicio de la minería submarina en la última reunión del organismo internacional que regula esta actividad.
El 75 % de la ciudadanía considera útil un abono único de transporte y más de 200.000 personas respaldan la petición de Greenpeace al Ministerio de Transportes para su aprobación. Su creación ayudaría a reducir drásticamente la congestión del tráfico, disminuir las emisiones de CO2 y mejorar la movilidad sostenible.
Las protestas sociales frenan el proyecto de la empresa Avícola Son Perot SA para construir una macrogranja para 750.000 gallinas ponedoras en Sineu (Mallorca).
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo admite la denuncia por los incumplimientos de las sentencias referentes al hotel ilegal de El Algarrobico (PN Cabo de Gata, Almería).

Las malas noticias de 2024:

2024 ha sido el primer año cuya temperatura media ha superado la barrera de 1,5 ºC de calentamiento global. Y no hay visos de mejora, ya que sus causas directas (concentración de gases de efecto invernadero y emisiones producidas por la humanidad) también han alcanzado su máximo histórico.
Se ha cumplido un año del inicio del genocidio israelí en Gaza y tres de la invasión rusa en Ucrania. Además de los execrables crímenes contra la humanidad que se están perpetrando, la situación en Oriente Medio y Europa de Este es un polvorín con graves implicaciones para millones de civiles en ambas regiones, que está contribuyendo a una escalada militar mundial y que mantiene el planeta al borde de una catástrofe nuclear.
Los grandes acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente bajo el auspicio de Naciones Unidas han sufrido durante este 2024 de falta de ambición y convicción política: la decepcionante decisión final de la COP29 de Cambio Climático ha retrasado las medidas y la financiación necesarias para afrontar la crisis climática; el fracaso de la COP16 de Biodiversidad no consiguió ni siquiera cerrar la cumbre con un texto final, ni se alcanzó un acuerdo sobre financiación; en la última ronda de negociaciones para un Tratado Global de Plásticos tampoco se logró un acuerdo, por discrepancias sobre sustancias químicas peligrosas, suministro y financiación.
Mientras una parte de la clase política española hace gala de negacionismo climático, desoyendo las recomendaciones de la comunidad científica y las alertas meteorológicas de la AEMET, el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) sigue estando muy por debajo de lo necesario para cumplir el Acuerdo de París.
A la falta de urgencia en la acción climática para evitar la intensificación y frecuencia de los desastres meteorológicos y la escasa adaptación de las ciudades ante los impactos de la crisis climática, se añade el riesgo de que España es el país europeo donde más aumenta la tasa de mortalidad atribuible al calor extremo y donde las inundaciones se han cobrado más vidas este año.
El acuerdo entre la UE y los países de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) pone en riesgo el cumplimiento de la lucha climática, impulsa el comercio de plásticos, facilita la entrada de un cóctel tóxico de pesticidas prohibidos en la UE, impulsa la agroindustria destructiva y devasta ecosistemas fundamentales para el equilibrio ecológico del planeta en Sudamérica como la Amazonía.
Los proyectos de la empresa Altri en Palas del Rei (Galicia) y la Fundación Guggenheim en Urdaibai (Euskadi) priman beneficios económicos privados mientras amenazan seriamente el entorno natural, patrimonio cultural y especies vulnerables y en peligro de extinción con el beneplácito de las instituciones: Xunta de Galicia, Diputación Foral de Bizkaia y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Dos Gobiernos autonómicos, el de la Comunidad Valenciana y el de Baleares, aprueban normativas que ponen en riesgo a las personas y al medio ambiente (1). En el caso de la Comunidad Valenciana, el Decreto-ley de Simplificación Administrativa, aprobado con la DANA, que permite construir en zonas inundables sin los informes de riesgo necesarios, supone un desprecio absoluto por la vida. En Baleares, se apuesta por la especulación y la legalización de construcciones.
La decisión de las instituciones europeas de aplazar un año la entrada en vigor del Reglamento contra la Deforestación o EUDR, que debería evitar la entrada de productos y materias primas procedentes de regiones afectadas por la pérdida de bosques es una mala noticia para el futuro de los bosques.
La voluntariedad de buena parte de las medidas verdes de la Política Agraria Común (PAC) pone en peligro la agricultura y la alimentación a corto, medio y largo plazo y no permite afrontar los grandes retos en materia ambiental.

Lo que tendría que suceder para que 2025 fuera un año de éxito:

El Gobierno decreta un embargo de armas completo a Israel, que incluye el fin de la compra, venta y transferencia de todo tipo de material militar y de doble uso, garantizando que nuestro país pone todos los mecanismos a su alcance para frenar el genocidio en Gaza. Por su parte, el Congreso tiene la oportunidad de aprobar la Proposición de Ley para reformar la actual Ley 53/2007 de comercio de armas, registrada por tres grupos parlamentarios y respaldada por más de 500 organizaciones, que introduce un mecanismo automático de embargo militar a países que estén siendo investigados por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o crimen de genocidio.
En la COP30 de cambio climático en Brasil será obligatorio incluir en los planes que tienen que presentar los países (NDC por sus siglas en inglés) un calendario de abandono de los combustibles fósiles, objetivos de emisiones cero netas en 2040 y una reducción de emisiones acorde en 2035, además de aprobar instrumentos para que la industria fósil pague por la crisis climática que ha provocado y conseguir la coordinación de las COP de biodiversidad y de clima.
España, con más de un millón de viviendas y 2.000 infraestructuras críticas en zonas inundables y miles de muertes a causa del calor extremo cada año, adapta su planificación ante los peores escenarios posibles, para salvar vidas y evitar daños.
Se protege la biodiversidad frente a los intereses de las corporaciones paralizando los proyectos de Altri en Galicia y el Guggenheim de Urdaibai en Euskadi.
Diez años de Ley Mordaza bastan. Se cumplen las reiteradas promesas de derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, restituyendo los derechos fundamentales y garantías democráticas que fueron conculcadas en 2015.
El Gobierno Español ratifica el Tratado Global de los Océanos, que finalmente entra en vigor en la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos tras obtener el apoyo de al menos 60 países.
España cambia el modelo de producción de alimentos para apoyar a las personas pescadoras y mariscadoras, agricultoras y ganaderas de pequeña escala, para mantener las zonas rurales y mares saludables y garantizar una alimentación basada en la justicia social y ambiental.
Se gravan los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas para atender los costes de la DANA y garantizar el derecho a una vivienda sostenible y un transporte público asequible.
Se aprueba una Ley de Agricultura Familiar robusta que garantiza el apoyo a los y las agricultoras y ganaderas de pequeña escala, un acceso justo a la tierra para quienes desean empezar la actividad agraria, y un apoyo y acompañamiento hacia un modelo más sostenible y resiliente frente a la crisis climática y de biodiversidad.
Se aprueba una Estrategia Nacional contra incendios de nueva generación en el que las Orientaciones del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF) se convierten en directrices.