Las organizaciones ecologistas reclaman la paralización del fracking en la cuenca del Segura.

Piden la suspensión de los permisos concedidos, y denuncian los riesgos ambientales y sobre la salud que implica el uso de esta técnica.

El conjunto del movimiento ecologista de la región, junto a las cinco grandes organizaciones españolas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF-España) reclama la suspensión de los permisos que afectan a la cuenca del Segura, y a la Región de Murcia.

A través de un comunicado conjunto remitido a los medios de comunicación, explican que en la cuenca del Segura se han otorgado cuatro permisos de investigación (Aries 1 y 2, Leo y Escorpio), y que se tramita actualmente otro más (Acuario). Permisos que persiguen la búsqueda de yacimientos de gas no convencional, y que implican el uso de la técnica de la fractura hidráulica (fracking)

Los permisos Aires 1, 2 y Leo han sido aprobados por el gobierno Central, mientras que Escorpio y Acuario dependen exclusivamente de las autoridades regionales. En total son más de 280.000 hectáreas que afectan a las comarcas del Noroeste, Vega Alta y Altiplano de la región de Murcia, junto a otras comarcas de las provincias de Albacete y Alicante.

Las organizaciones ecologistas y conservacionistas explican que la fractura hidráulica es una técnica muy agresiva, y su autorización conlleva graves riesgos para la salud y el medio ambiente tanto en las zonas y poblaciones directamente afectadas, como para el conjunto de la cuenca del Segura: contaminación de acuíferos y aguas superficiales, incremento en el número de terremotos, contaminación del aire, etc.

Riesgos que ya han apuntado numerosos informes y estudios, entre ellos el publicado por el Parlamento Europeo en 2011, «Repercusiones de la extracción de gas y petróleo de esquisto en el medio ambiente y la salud humana».

El riesgo de contaminación química de las aguas de la cuenca del Segura es, sin duda, uno de los más relevantes. Y es que las áreas de prospección se sitúan en su totalidad sobre acuíferos de la cuenca. Para las organizaciones firmantes del comunicado, la contaminación química de las aguas de la cuenca del Segura tendría consecuencias ambientales, económicas,  sociales y sobre la salud de una población afectada de cerca de dos millones de personas.

En cuanto al riesgo de terremotos, apuntan que la relación entre fracking y terremotos es bien conocida, y advierten de que las áreas de prospección se encuentran cruzadas por un complejo sistema de fallas activas, y también «dormidas» que podrían activarse por la inyección de fluidos a presión al subsuelo, como ya ha ocurrido en otros lugares.

Para el movimiento ecologista el fracking no es una opción viable desde el punto de vista energético, y tampoco económico, como así muestran los datos de la experiencia de EE UU. Y sin embargo, su autorización pone en riesgo la salud de la población, y la viabilidad de otras actividades económicas vitales en las comarcas afectadas como son la agricultura.

Por último, estas organizaciones reclaman la aplicación del principio de precaución, y la suspensión de los permisos de investigación otorgados (Aries 1, Aries 2, Ley, Escorpio), y la paralización del solicitado (Acuario)