El pago de una millonaria indemnización por el Proyecto Castor se ha hecho efectivo, pero todavía está a tiempo de ser revertido. Organizaciones de la sociedad civil impulsan una ciberacción para la recogida masiva de firmas en contra de este pago y reclaman el apoyo de 50 diputados y senadores para pedir la impugnación ante elTribunal Constitucional. El plazo concluye el próximo 3 de enero.
Diversos grupos (entre ellos la Aliança contra la Pobresa Energètica, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, de la que forma parte Ecologistas en Acción) muestran su rechazo frontal a la indemnización que el Real Decreto Ley del pasado 3 de octubre garantiza a ESCAL UGS por renunciar a la concesión del proyecto de almacenaje submarino de gas natural Castor. Un total de 1350 millones de euros han ido a parar ya a la empresa promotora, participada en el 66,6% por la ACS de Florentino Pérez. El dinero de la indemnización lo han avanzado tres bancos (Bankia, Santander y Caixa Banc), pero será la ciudadanía quien devolverá ese pago a través de la factura del gas a partir de 2016.
Aunque el pago ya se ha hecho efectivo, el plazo para la impugnación ante el Tribunal Constitucional no concluye hasta el día 3 de enero de 2015. Las organizaciones urgen los representantes políticos para que un mínimo de 50 diputados y senadores lleven esta iniciativa adelante. Para ello durante estas semanas mantienen reuniones con representantes políticos e impulsan una campaña de recogida de firmas al respecto.
Estas organizaciones alertaron desde un primer momento de la opacidad del Proyecto Castor, de los peligros asociados -como el demostrado riesgo sísmico-, o de las irregularidades administrativas. La ausencia del principio de precaución ha quedado en evidencia, así como la falta de voluntad para explorar opciones energéticas renovables, que no hipotequen a la población a 30 años.
Anxela Iglesias | Ecologistas en Acción