Una empresa española detrás de la persecución de activistas ambientales en Guatemala

La empresa Hidralia Energía, con sede en A Coruña y propiedad de los empresarios gallegos Castro Valdivia, está detrás del proyecto de explotación hidráulica del rio Cambalam en el municipio de Santa Cruz de Barillas del departamento de Huehuetenango, Guatemala, cerca de la frontera con México.

El macro-proyecto lleva desde 2007 generando una gran oposición entre la población. Ante esta situación el gobierno de Guatemala ha puesto toda la maquinaria estatal y militar necesaria para reprimir a las personas que se posicionan contra la represa; un proyecto de la empresa española que priva de los recursos naturales básicos de los que viven a las comunidades maya Q’anjob’al desde tiempos ancestrales.

La persecución contra activistas que defienden los derechos humanos y ambientales está siendo masiva y constante. Saul Aurelio Méndez de 41 años y Antonio Rogelio Velásquez de 45 fueron condenados en noviembre de 2014 por un tribunal de su país a más de 30 años de cárcel en un proceso irregular plagado de faltas de forma y fondo. Hoy, 29 de abril, tiene lugar la audiencia de apelación de esta sentencia por ser «contentiva de vicios».

A pesar de los hechos, el Gobierno español se manifestó en el año 2013 a favor del proyecto e instó a las partes a llegar a un acuerdo para su ejecución. Esta decisión se tomó conociendo la violación de derechos humanos por parte del Gobierno de Guatemala por defender los intereses de la empresa española y sus inversionistas

Según una integrante de la Asamblea Departamental de Huehuetenango y de Amigos de la Tierra Guatemala, “este es un ejemplo claro de la impunidad con la que actúan las empresas extranjeras en mi país, generando división, conflicto y violando los derechos humanos de los defensores ambientales».

“La población defiende su modo de vida y su derecho a decidir sobre los recursos naturales en su territorio. Por su lado, la empresa busca imponerse para obtener beneficios económicos a cualquier precio. ¿Por qué no debería creer lo que dicen las organizaciones sociales y si creer lo que defiende el gobierno de Guatemala y la empresa? No es de recibo que el Gobierno español respalde a la empresa hidroeléctrica a costa de la población”, ha señalado Víctor Barro, presidente de Amigos de la Tierra y miembro de la misión de solidaridad que visitó la zona en 2012.

Amigos de la Tierra, junto a la asociación Mujeres de Guatemala, presentó una queja formal ante el defensor del pueblo en junio de 2014 denunciando los hechos [1]. La organización solicita que la queja se resuelva a favor de las poblaciones de Barillas y sirva de ejemplo para defender los derechos humanos y ambientales de las comunidades amenazados por los intereses económicos de empresas españolas en el extranjero.

Víctor Barro | Presidente de Amigos de la Tierra