El Parlamento Europeo tiene que pronunciarse sobre el TTIP

Amigos de la Tierra y AK Europa con el apoyo de la campaña No al TTIP lanzan una ciberacción en la que animan a la ciudadanía a exigir a los europarlamentarios que se posicionen en contra del TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y EU) [1].

Durante las próximas semanas, el Parlamento Europeo decidirá su posición respecto al Tratado de Comercio e Inversiones entre EEUU y la UE (TTIP, por sus siglas en inglés), que se está negociando en estos momentos. Uno de los aspectos más controvertidos dentro de este tratado es el mecanismo de resolución de disputas inversor-Estado (ISDS). Este mecanismo otorga privilegios a las grandes empresas, que podrían denunciar a los Estados si considerasen que sus intereses privados se ven mermados con una decisión política o un cambio de legislativo.

El ISDS y el TTIP en su totalidad son inaceptables desde un punto de vista democrático, ya que limitan la capacidad de los Estados para aprobar leyes que protejan los derechos humanos y laborales, la salud y el medio ambiente.

La mayoría de la ciudadanía que participó en la consulta pública europea sobre el ISDS en verano de 2014, un 97%, rechazó rotundamente este mecanismo hecho a medida de las multinacionales. Ahora es el turno del Parlamento Europeo para posicionarse y demostrar que representa a la ciudadanía. La votación en la Eurocámara no será vinculante, sin embargo enviará una señal política clara de cara a las negociaciones del TTIP [2].

A través de esta ciberacción en la web cualquier persona puede pasar a la acción y pedir a los Miembros del Parlamento Europeo que se opongan tajantemente diciendo NO al ISDS y que respalden el interés general en contra del TTIP.

Un estudio de Amigos de la Tierra revela que los gobiernos europeos ya han pagado al menos 3.500 millones de euros a inversores extranjeros privados debido a una cláusula existente en los tratados de comercio internacional, similar a los ISDS. Este documento demuestra como estos mecanismos afectan directamente a la ciudadanía, y favorecen a las grandes empresas con indemnizaciones millonarias que los Estados se ven obligados a pagar con los impuestos de los contribuyentes [3].

Sandra Espeja | Amigos de la Tierra