- El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, reunido hoy en Bruselas, ha puesto sobre la mesa las claves que determinarán la futura Política Agrícola Común (PAC) que previsiblemente entrará en vigor en 2020.
- SEO/BirdLife y WWF solicitan que la preparación de la nueva PAC incluya la evidencia científica y el conocimiento técnico para que las medidas tengan la ambición ambiental necesaria, y piden que la sociedad civil pueda hacer un seguimiento pormenorizado del proceso de revisión de la misma.
- Además, a través de su campaña Living Land (Por un campo vivo) las ONG siguen instando al MAPAMA que apueste por una PAC justa, sostenible, saludable y responsable, ya que la actual no cumple los objetivos por los que fue creada
Hoy ha tenido lugar en Bruselas la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, en un escenario marcado por la inminente reforma de la Política Agraria Común (PAC), prevista para entrar en vigor a partir de 2020. La sesión, pública y accesible a través de videoconferencia por decisión de Bulgaria (que asume la Presidencia del Consejo de la Unión Europea hasta junio), ha pivotado en torno a una serie de cuestiones de gran importancia para la configuración de la nueva PAC, como son la distribución de pagos, el desarrollo rural y la arquitectura medioambiental.
Mientras continúa abierto el debate para la reforma PAC en el seno de la Unión Europea, WWF y SEO/BirdLife a través de su campaña Living Land (Por un campo vivo) sigue instando al Gobierno español a apostar por una nueva PAC justa, sostenible, saludable y responsable, ya que la actual no cumple los objetivos por los que fue creada. Un argumento demostrado recientemente por el estudio Is the CAP Fit for purpose? An evidence-based fitness-check assessment (¿Funciona la PAC para su propósito?) que ha contado con la participación de decenas de científicos y expertos para evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales de la PAC. Este análisis ha demostrado que la PAC no cumple los requisitos para los que fue creada y que no es adecuada ni desde el punto de vista ambiental ni desde el socioeconómico. Unos resultados que ponen de manifiesto la dificultad de continuar justificando los miles de millones de euros que se invierten en la PAC cada año si no se abordan cambios significativos.
A pesar de estos datos objetivos, el pasado 8 de febrero ocho europarlamentarios del Partido Popular Europeo, tres de los ellos españoles (Esther Herranz, Ramón Luis Valcárcel y Gabriel Mato), pero también de Francia, Grecia y Portugal, pedían en un documento de posición la postergación de la actual PAC hasta el año 2024 alegando que hace falta tiempo para evaluar los efectos del Brexit sobre la política europea. Sin embargo, esto significaría prolongar un sistema demostradamente perjudicial para el medio ambiente, que contribuye al cambio climático (el 10% de las emisiones de CO2 de la UE se deben al sector agrario), la biodiversidad, y el tejido socioeconómico rural, como denuncia SEO/BirdLife y WWF.
Paradójicamente, esta propuesta de postergación parte de políticos de países mediterráneos, que son los que más amenazas tendrán que sortear ante los episodios -cada vez más frecuentes- de sequía, lluvias torrenciales y temperaturas extremas propiciadas por el cambio climático. Fenómenos que afectan de manera directa a los cultivos, pero también a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos que proveen al agricultor, como por ejemplo la acción beneficiosa de los polinizadores.
La ciencia cuestiona la actual PAC
Hay muchos otros trabajos que ponen en tela de juicio el propósito para el cual fue diseñada la actual PAC. Particularmente, un estudio publicado en la revista Conservation Letters por un grupo de investigadores, algunos pertenecientes a BirdLife Europa, muestra de qué manera los programas agroambientales de la PAC no han logrado invertir la tendencia negativa de las poblaciones de muchas especies de aves agrícolas. El estudio analiza también el efecto que ha tenido sobre las aves la declaración de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y la aplicación anexo I de la Directiva de Aves. Solo en España, y según datos del programa Sacre, se han perdido más de 64 millones de aves ligadas al medio agrario en los últimos 20 años. No obstante, la investigación concluía con un mensaje positivo: la situación es reversible si la política agraria y ambiental de la UE se actualizan y se orientan hacia la protección de la biodiversidad.
En este sentido, el reciente estudio científico “Efectos de la agricultura ecológica en la biodiversidad en el noroeste de España” muestra hasta qué punto el tipo de explotación agropecuaria afecta a la biodiversidad. El trabajo, formado por un equipo hispano-sueco de investigadores, analiza y compara la abundancia de aves y la riqueza de especies en 16 explotaciones orgánicas y en 16 convencionales durante un año en Galicia. Los autores han comprobado que durante el invierno la riqueza de especies es mayor en las fincas ecológicas en comparación con las convencionales, y en el conjunto del año la abundancia de aves es mayor en las áreas con una alta proporción de fincas ecológicas en comparación con las zonas con baja proporción de explotaciones orgánicas. Concluyen así que la agricultura ecológica, en general escasamente apoyada por la actual PAC, beneficia a las aves en ambiente heterogéneos, con setos y bosquetes, particularmente en invierno, debido probablemente al incremento de la disponibilidad de alimento.
A la luz de estos estudios, SEO/BirdLife y WWF solicitan que la preparación de la nueva PAC incluya la evidencia científica y el conocimiento técnico necesario para que las medidas tengan la ambición ambiental necesaria, y se orienten a alcanzar resultados medibles. En este sentido, solicitan que la bibliografía revisada en el “Fitness Check” de la PAC, la proporcionada en los grupos de trabajo de evaluación de impacto y la que se continúa publicando, sean tenidas en cuenta.
Por otro lado, las ONG lamentan que mientras en España se siguen sucediendo reuniones del MAPAMA con la finalidad de “tejer alianzas” con estados miembros (la última el día 9 de febrero con Francia, Portugal e Italia), en cambio no se establecen los mecanismos suficientes y adecuados para que desde la sociedad civil se pueda hacer un seguimiento pormenorizado del proceso de revisión de la PAC y poder contribuir en la búsqueda de las mejores propuestas para la agricultura y la ganadería española. De hecho, a día de hoy, no existe un posicionamiento detallado del Gobierno ante este proceso de reforma, cosa que sí han hecho algunas comunidades autónomas, como Aragón o Castilla la Mancha. Las ONG insisten en que sin un proceso plural y trasparente, se seguirán poniendo parchas a una política que requiere una enmienda a la totalidad.