La sentencia más contundente al veneno en España

El juzgado de lo Penal nº2 de Pamplona condena a dos presidentes de coto de caza y a un guarda a dos años y ocho meses de prisión, la mayor pena hasta la fecha impuesta en España por un delito contra la fauna por envenenamiento.
Además, han sido condenados a 5 años y 4 meses de inhabilitación especial para la gestión del aprovechamiento cinegético de cotos de caza, para el oficio de guarda de caza y para el ejercicio del derecho a cazar, así como a indemnizar a la Comunidad Foral de Navarra con 67.538´65€ y a adoptar medidas de recuperación del daño causado.
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF han ejercido la acusación particular en este procedimiento, que esperan que contribuya a concienciar sobre las consecuencias legales que tiene el uso ilegal de veneno.

Los hechos se produjeron en cotos de caza de Tudela y Cintrúenigo (Navarra) en 2012, donde murieron 138 aves rapaces y 4 cuervos por ingerir cebos envenenados. La condena, al ser superior a dos años, supone su cumplimiento efectivo y los condenados, aunque cabe el recurso de la sentencia, tendrán que entrar en prisión.

La sentencia reconoce que el envenenamiento atendió a una planificación por parte de la dirección de las sociedades gestoras de cuatro cotos de caza, dos de ellos de Tudela (Montes del Cierzo y Monte Alto) además de los cotos de Cintruénigo y de Fitero. El veneno fue la causa de la muerte de milanos reales, alimoches, milanos negros, aguiluchos laguneros y buitres leonados. Se trata de especies protegidas que, en algunos casos, como el milano real, están catalogadas como “En peligro de extinción”.

Las ONG que han estado personadas como acusación en el procedimiento SEO/BirdLife, WWF España y Ecologistas en Acción celebran y esperan que la sentencia, que establece la mayor condena hasta el momento habida en España por un caso de envenenamiento, sirva de revulsivo a aquellos que se vean tentados a utilizar el veneno como método de control de depredadores y sean conscientes de las consecuencias legales que ello puede suponer.

También resaltan las ONG el papel del Guarderío Forestal y la Policía Foral de Navarra para el esclarecimiento de los hechos y la importancia que han tenido durante el proceso las escuchas telefónicas llevadas a cabo, que fueron necesarias para obtener algunas de las pruebas incriminatorias. Este tipo de prueba son esenciales para el esclarecimiento de delitos contra la fauna.

Uso de cebos envenenados
Los informes ‘El veneno en España’ (1992-2013) y ‘Casos Graves de Envenenamiento en España” (2010-2015) analizan los efectos del uso ilegal de cebos envenenados, una de las mayores amenazas para la biodiversidad, destacando el caso de Tudela-Cintrúenigo en este ranking. Tal y como revelan estos informes, en España se han producido 8.324 episodios de envenenamiento, que han causado la muerte de 18.503 animales.

Sin embargo, las ONG estiman que la cifra de envenenamientos de fauna en España podría llegar a alcanzar los 185.000 casos, ya que, según las especies, entre el 85% y el 97% de los animales envenenados no son localizados. A pesar de ser ilegal, el veneno se sigue utilizando para eliminar depredadores, principalmente asociados a malas prácticas de gestión cinegética o ganadera.

Las ONG subrayan que la colocación de cebos envenenados es un método de caza masivo, no selectivo y cruento para la fauna. Ponen especialmente en peligro a aves y mamíferos, algunos con poblaciones muy amenazadas, como el águila imperial ibérica o el lince. También afectan a los animales domésticos, ya que se utiliza veneno para eliminar perros y gatos asilvestrados o para disputar rencillas. Además, supone un grave riesgo para la salud pública, ya que las sustancias con las que se preparan los cebos son de una elevada toxicidad y quedan expuestas al alcance de cualquier persona, especialmente niños, que pueden ingerirlos por equivocación. Por todo ello, su uso está prohibido por la legislación nacional y autonómica y está tipificado como delito en el Código Penal.

La acción judicial de las ONG en este caso, que ha contado con el apoyo del proyecto Life+ VENENO, desarrollado por SEO/BirdLife entre 2010 y 2014, tiene por objetivo contribuir a reducir la impunidad con la que cuenta el uso ilegal de veneno y conseguir un reproche penal ante este tipo de delitos contra la fauna.

Olimpia García