Greenpeace denuncia la destrucción de políticas ambientales post-covid

• Andalucía, la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid, Galicia, Cataluña Castilla y León, Castilla La Mancha y las Islas Canarias aprovechan el discurso de la reactivación económica post-covid para agilizar paquetes normativos y proyectos que vuelven a buscar en el ladrillo la salida a la crisis, sin suficiente evaluación de impacto ambiental
• Diversas regiones se plantean modificar la Ley del Suelo, supeditando gravemente el medioambiente al desarrollo urbanístico, como ya pasara en la crisis de 2008
  En Andalucía hay un resurgir del ladrillo con nuevos campos de golf u hoteles de 300 habitaciones en el litoral y en Madrid se podrán desbloquear hasta 2.000 expedientes urbanísticos sin suficiente evaluación ambiental
• Se recuperan viejos argumentos y políticas del ladrillazo. En plena crisis por el coronavirus, Greenpeace denuncia las diferentes iniciativas en determinadas Comunidades Autónomas que, aprovechando el amparo de la reactivación económica, promueven la destrucción ambiental y suponen un grave retroceso en los avances conseguidos, además de un ejercicio de falta de transparencia y un atentado a la participación pública.

“Con el mar Menor al borde del colapso o con tramos de la costa andaluza urbanizados al 80%, utilizar la crisis económica derivada del Covid19 como fórmula para reactivar el ladrillazo y el empleo precario a corto plazo es un error político cuyas magnitudes ya conocemos de la anterior burbuja inmobiliaria”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de biodiversidad en Greenpeace. “La actual pandemia ha evidenciado la necesidad de no subestimar el impacto al daño medioambiental pero parece que nuestros gobernantes no extraen ninguna lección aprendida”.

La organización ecologista ya ha detectado, al menos en ocho CCAA, las siguientes iniciativas:

ANDALUCÍA

El Parlamento de Andalucía convalidaba a principios de abril -con los votos de PP, Cs y Vox- el Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía, con el objetivo de reducir la participación pública y eliminar garantías ambientales. Con el argumento de agilizar trámites administrativos para reducir el impacto socioeconómico del Brexit y de la pandemia del coronavirus, la Junta de Andalucía ha modificado 21 leyes y seis decretos a través de una convalidación, con un reducido número de parlamentarios/as a causa de la cuarentena.

La mayoría de estas modificaciones nada tienen que ver con una pretendida simplificación de trámites burocráticos. Muy al contrario, pretenden reeditar el modelo económico imperante durante los años de la burbuja especulativa, que llevó a España a la crisis de 2008, al tiempo que se reduce el papel de la administración pública en la defensa y salvaguarda de la naturaleza y los derechos sociales. Entre otras, se modifica la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para reducir plazos en la tramitación de planes urbanísticos, a pesar de la imposibilidad de la propia Junta de Andalucía de cumplirlos para evaluar informes, con lo que se aprobarán sin las debidas garantías. También, para las licencias de obras menores y de ocupación, basta con una declaración responsable sin licencia de obras.

Andalucía, que es la comunidad autónoma con más costa destruída de toda España, pretende reformar también la Ley del Suelo (1), con el objetivo de dotar a los ayuntamientos de mayor autonomía a la hora de perfilar su modelo urbanístico. La apuesta del gobierno andaluz por la construcción con el fin de activar rápidamente la economía, se traduce en un alarmante florecimiento de proyectos urbanísticos en el litoral (2), como las 2.500 viviendas y un hotel de 300 habitaciones en el valioso Pinar de Barbate (Cádiz) o la construcción de un campo de golf, un hotel de lujo y 680 viviendas en los pocos tramos que quedan sin urbanizar de la costa tropical (entre Nerja y Maro) y que podrían quedar arrasados.

REGIÓN DE MURCIA

Las medidas adoptadas por el Gobierno de la región la pasada semana están centradas y repiten el mismo argumento de “acelerar la reactivación económica de la Región y responder con urgencia al nuevo escenario”.

La aprobación de dos Decretos Ley (Decreto Ley de mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de medio ambiente y el Decreto-Ley de mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de vivienda e infraestructuras) modifican la Ley del Suelo, la Ley de Puertos y la Ley de Protección Ambiental Integrada. La Ley del Suelo traslada a los Ayuntamientos los planes de ordenación del litoral, fórmula peligrosa en esta época de reactivación económica a toda costa y también les da la última palabra sobre la evaluación ambiental de los nuevos planes de desarrollo. Además, se eliminan la necesidad de una nueva evaluación ambiental para los proyectos de ampliación que no impliquen una superación del 30% de vertidos o el 30% de emisiones a la atmósfera.

Al tramitarse por la vía de urgencia, se han realizado sin transparencia ni participación pública, sin los preceptivos informes jurídicos previos y sin utilizar el procedimiento ordinario en la Asamblea Regional. Los municipios pasan a ser “órganos ambientales” en materia de planeamiento urbanístico, asumiendo la evaluación de los nuevos planes de desarrollo y sus correspondientes proyectos de urbanización (3).

COMUNIDAD DE MADRID

En el primer pleno de la Asamblea de Madrid durante la emergencia del coronavirus, la Presidenta Díaz Ayuso declaraba que, para salir de esta crisis, hay que “liberar suelo” porque “parte de la recuperación vendrá por la construcción” (4). El gobierno regional pretende sustituir las licencias urbanísticas por una declaración responsable en obras menores, para implantar nuevas medidas que agilicen los trámites para la reactivación de la economía tras la crisis sanitaria.

La tramitación de la reforma de la Ley del Suelo se va a hacer por vía urgente para eliminar los “trámites burocráticos innecesarios que dificultan el trabajo del sector, dada la situación actual y los efectos que ha tenido en la economía y en el mercado laboral, e ir avanzando en su recuperación”. De esta forma se eliminan trámites burocráticos y la adecuada vigilancia y participación ambiental y se podrán desbloquear hasta 2.000 expedientes urbanísticos, de forma inmediata, y 32.000 más a medio plazo (5).

GALICIA

Aunque sin modificaciones de leyes o vía decretazo, la Xunta de Galicia ha declarado “esenciales” casi un millar de expedientes pendientes de tramitación. De esta manera, podría reactivarlos, incluso los de elevado impacto ambiental, sin los adecuados canales de participación pública.

Núñez Feijóo lo ha hecho defendiendo sobre el papel que son iniciativas “indispensables” para el “interés público” con el fin de esquivar las restricciones de actividad decretadas por el Gobierno central, aunque lo que ha destacado públicamente es su “gran repercusión económica” por las inversiones millonarias que están en juego (6).

Los 975 proyectos, incluidos en la Orden, son ampliaciones de explotaciones ganaderas y macrogranjas, vertederos, plantas de valorización de residuos, cambios de usos del suelo agrario o forestal, proyectos de parques eólicos, líneas de alta tensión, autorizaciones para aperturas comerciales, etc. y son, en muchos casos, proyectos especialmente sensibles y controvertidos que generan un gran rechazo social.

CATALUÑA

A finales de abril desde la Consellería de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya se anunciaba la “Ley Omnibus Covid 19” para afrontar la pandemia. La propuesta busca, de nuevo, la simplificación administrativa en tramitaciones urbanísticas y ambientales que, según palabras de la Conselleria, “a veces se alargan de manera absurda”. Se habilitará para este proceso incluso el mes de agosto, no habilitado normalmente, para poder hacer las gestiones urbanísticas y avanzar el máximo de expedientes (7). En un principio, se ha destacado que no se simplificarán los contenidos de los procesos de evaluación ambiental. La Ley Ómnibus es una fórmula ya utilizada durante el gobierno de Artur Mas en 2011 (8), con el apoyo del Partido Popular, bajo el argumento de que “el objetivo es que la actividad agraria, industrial, turística, comercial y, en definitiva, todos los sectores que hacen hervir la olla, tengan menos trabas por parte de la Administración“.

Este proceso no está aún claro y aprobado, y la agilización de los trámites podría chocar con el Convenio Europeo de Aarhus, referente a los plazos necesarios para acceder a la información y participación ciudadana en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, como ya ha denunciado la Federació d’Ecologistes de Catalunya (9). La Asociació de Promotors de Catalunya (APCE) estima que, con una venta anual de 25.000 viviendas, se generarían más de 60.000 puestos de trabajo (10). Además, la Ley Omnibus pretende rebajar durante la pandemia las medidas fiscales para enfrentar la emergencia climática. El Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet (11) remarca la importancia de los impuestos ambientales, pero admite que la situación actual ha forzado al ente público a definirlos.

CASTILLA Y LEÓN

Tambień como ocurre en Andalucía y Murcia, el gobierno de la Junta de Castilla y León ha anunciado la modificación de la Ley de Urbanismo para agilizar las licencias urbanísticas, los trámites administrativos y su simplificacioń con medidas como la declaración responsable en apoyo al sector de la construcción, la obra pública y privada que es clave en el empleo y en la recuperación económica (12).

Aún sin trascender estas medidas, todavía en estudio, la voluntad de la Junta es la de mantener todos los compromisos adquiridos en la construcción “porque son claves en la recuperación y reconstrucción tras el Covid-19” (13).

CASTILLA LA MANCHA

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el Gobierno regional va a continuar con la estrategia de captación de empresas. Para ello va a proponer dos leyes por tramitación exprés para agilizar los procedimientos económicos y de instalación de empresas y, por otra parte, facilitar los procedimientos urbanísticos (14). El propio García-Page habla de que “son temas delicados cuando se habla de suprimir trámites en el ámbito urbanístico, porque aparecen dudas de todo tipo y ya no digamos si se relacionan con la honestidad” (15), pero aún así, desde la Consejería de Fomento, se trabaja para que, tras el estado de alarma, se reactiven sectores como el de la construcción y que la administración sea un catalizador que agilice expedientes y trámites, entre ellos los urbanísticos, en pos de la generación de empleo y riqueza (16).

ISLAS CANARIAS

Desde la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias se ha anunciado, también la pasada semana, que el Ejecutivo promoverá una modificación puntual de la Ley del Suelo para agilizar inversiones con criterios sostenibles (17). El objetivo es agilizar las inversiones en el sector primario para favorecer su desarrollo sin “abrir una puerta de atrás a proyectos desarrollistas”. Con esta reforma, aún en estudio, se pretenden eliminar obstáculos en las inversiones del sector hotelero y de la construcción desde la “reactivación ecológica”, cuando el modelo turístico actual, basado en el turismo masivo de sol y playa, ha traído a las islas una considerable huella ecológica.

En el archipiélago canario la Ley del Suelo fue reformada en 2017, con la idea de generar una enorme riqueza y empleo para triplicar el número de plazas alojativas (18).

Demandas de Greenpeace

La organización ecologista alertaba hace unas semanas en el informe “De la Gran Recesión a la crisis del COVID-19: Lecciones aprendidas” (19) sobre la importancia de no repetir los daños ambientales que dejó la crisis económica el 2008. Y en esta línea, estas políticas están muy alejadas de cómo debería ser la salida a la crisis. Greenpeace reclama que, respecto al uso del suelo, la construcción y el turismo, hay que recuperar grandes superficies de suelo perdido en el ladrillo y convertirlas en suelo útil para desarrollar modos de vida sostenibles tras la crisis del COVID:

Debe ser prioritario rescatar el uso público del suelo, recuperar los suelos aptos para el cultivo, preservar la tierra, potenciar la biodiversidad, ordenar el uso del territorio desde el convencimiento que el suelo que pisamos es garantía de beneficio económico y defensa para futuras pandemias y nuestra salud.
Preservar los usos sostenibles del territorio, fomentando la soberanía alimentaria como política pública encaminada, única y exclusivamente, a alimentar a la población en condiciones de igualdad y dignidad. Hasta ahora hemos usado el suelo para preservar el mercado de la construcción.
Recuperar la gestión integral de los servicios públicos esenciales: el agua, las energías limpias, los residuos, apostando por la independencia energética y recuperando la cultura del agua.
Blindar el suelo turístico “no edificado”. Eliminar la dependencia del monocultivo hotelero, reduciendo drásticamente el número de nuevas camas, elevando la calidad de los establecimientos que existen en la actualidad. Que los núcleos turísticos tengan áreas de esparcimiento, con dotaciones sanitarias y deportivas suficientes, dotando de seguridad a los destinos y apostando por el transporte público.
Promocionar las obras de reconstrucción, transformación y modificación de la planta turística y de vivienda actual, con todas las garantías ambientales.
Pilar Marcos | Greenpeace España