La Comunidad Valenciana sanciona a los apicultores de miel de Azahar

Alicante, 28 de septiembre de 2020. Como ya hemos puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones, las asociaciones profesionales no estamos de acuerdo con las limitaciones que impone el referido acuerdo,  conocido como la `Pinyolà´ o, lo que es lo mismo, los acuerdos para evitar la polinización cruzada de cítricos que impiden la instalación de colmenas en muchas áreas agrícolas, y que perjudica gravemente a la actividad apícola en nuestra Comunidad, no existiendo ninguna regulación similar para aquellos apicultores que se dedican a la producción de miel de azahar en el resto de España. Pero, por si esto fuera poco, acabamos de recibir la sorpresiva noticia de la modificación de la ley 6/2003 de Ganadería, que quiere dar legitimidad a la sanción de la actividad apícola cerrando la puerta a cualquier acuerdo con el sector productor citrícola y que pretende imponer multas de entre 3.001 y 60.000 euros a aquellos apicultores que ejerzan su actividad en determinadas zonas citrícolas.

“La `archifamosa´ `pinyolà´ no se debería de haber publicado nunca, pero han pasado de indemnizar a los apicultores que abandonaban los cítricos durante los meses de marzo a mayo, a perseguir a aquellos que se quedan, sin piedad. Tanto es así que, pretenden incluir en la modificación de la ley 6/2003 de Ganadería, la actividad apícola durante los meses de marzo a mayo como una infracción grave ¿de verdad creen que la actividad apícola durante la primavera es una infracción grave?, ¿de verdad creen que un apicultor debe abandonar su explotación y que además si no lo hace la multa es de entre 3.001 y 60.000 euros?”, denuncia el presidente de Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante, Eladio Aniorte.

Pero es que, además de perjudicar directamente a un sector que está atravesando una de las peores crisis de su historia, esto va a plantear una situación realmente grotesca y paradójica. Y es que, muchos de los apicultores son citricultores y con la aplicación de esta modificación, un apicultor que deje las colmenas en sus propios campos podrá ser sancionado con 60.000 euros. Es decir, se puede dar la situación de que con la aplicación de esta modificación, aquellos apicultores que expresamente han adquirido tierras para establecer sus asentamientos tengan que abandonar dichos asentamientos.

“Los apicultores de la Comunidad Valenciana son ganaderos trabajadores, activos empresarios y trashumantes que están viendo como sus explotaciones se van al traste debido en gran parte a la nefasta gestión de la Conselleria de Agricultura. De hecho, hemos pasado de ser la primera Comunidad Autónoma en producción de miel, a la ser la cuarta. De la segunda comunidad en número de colmenas, a no estar entre las tres primeras. Una triste realidad que está provocando la fuga en estampida de apicultores a otras comunidades autónomas”, lamenta Inma Segura, técnico de la Sectorial Apícola de ASAJA Alicante.

“Estos son los políticos que iban a luchar por una agricultura y ganadería más sostenible, más “verde” y lo que están haciendo es acabar con nosotros. En las mesas de trabajo nunca han sentado a los apicultores con los citricultores. En las mesas de trabajo estaban, de un lado los apicultores y, de otro, el Comité de Gestión de Cítricos. Y en ningún momento han defendido a los citricultores, solo han defendido a la industria, a aquellos que marcan los precios de las naranjas, pero nunca han sentado en la mesa de diálogo a los productores, ¿por qué no han invitado a las organizaciones agrarias representantes del sector citrícola? ¿por qué el voto del que vende el producto tiene que valer más que el que lo produce?”, denuncia Guillermo Rosell, presidente de la Sectorial Apícola de ASAJA Alicante.

“No entiendo que tipo de presión, soborno o acuerdo han recibido ustedes por parte del Comité de Gestión de Cítricos para hundir a la apicultura de esta manera y contemplar la publicación de esta modificación de la ley de Ganadería. Solo por haber publicado la propuesta ya se les debería caer la cara de vergüenza, pero no solo lo han publicado, sino que además han hecho caso omiso de las alegaciones presentadas por las OPAS”, lamenta Rosell, que sentencia que “con la publicación de este acuerdo hace decenas de años nos convirtieron en exiliados, por favor no nos conviertan ahora en delincuentes”.