WWF presenta alegaciones a la modificación del reglamento del Dominio Público Hidráulico 

La organización considera que la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica de modificación del reglamento del Dominio Público Hidráulico no protege suficientemente los ríos y acuíferos frente a la grave sobreexplotación y contaminación a la que se ven sometidos.
Frente a ello, y ante los problemas que evidencia la actual sequía y el cambio climático, WWF pide una mejor gestión del agua promoviendo un uso más sostenible de los recursos hídricos.

La sequía se extiende en España, dejando imágenes desoladoras de paisajes resecos y ríos y embalses bajo mínimos,  circunstancia que pone en entredicho el actual modelo de gestión del agua. Por ello, WWF ha enviado sus alegaciones al MITECO sobre la modificación del reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), principal instrumento que lleva a la práctica los objetivos de la Ley de Aguas. La organización critica que la propuesta no aborda lo suficiente la cuestión ambiental y reclama medidas más contundentes para acabar con la sobreexplotación y la contaminación que amenazan a ríos, humedales y acuíferos.

“Nos enfrentamos a un futuro en el que España será uno de los países europeos con mayor riesgo de sufrir estrés hídrico en menos de 30 años si no se toman medidas. Sería incomprensible que se aprobara esta propuesta de modificación del reglamento que sigue blindando al regadío industrial e insostenible, un sector que consume el 80 % del agua a nivel nacional. Necesitamos que este reglamento sirva para implantar de una vez por todas medidas para una mejor gestión del agua promoviendo un uso más sostenible de los recursos hídricos y facilitando la recuperación de los ríos, humedales y acuíferos para hacerlos más resilientes a los efectos del cambio climático”, explica Teresa Gil, Responsable del Programa de Agua de WWF.

España es el país con mayor sobreexplotación de agua de Europa. La expansión de cultivos de regadío industrial está afectando además a las aguas subterráneas, nuestras reservas de agua. Como consecuencia, el 25 % de los acuíferos están gravemente sobreexplotados. Y esto sin contar con el robo del agua: se estima que existen hasta un millón de pozos ilegales en España. Estas presiones hídricas han provocado que casi la mitad de nuestros ríos, humedales y acuíferos estén en mal estado.

Este reglamento, que el MITECO ha sometido recientemente a consulta pública, es clave ya que es el instrumento normativo que permite desarrollar la ley de aguas. Una herramienta indispensable para mejorar la actual política del agua y lograr una mejora en el estado de conservación de ríos, acuíferos y humedales.

Ante ello, WWF reconoce el esfuerzo realizado por MITECO para intentar adaptar y modernizar la gestión del agua por las administraciones. Sin embargo, la organización considera que la propuesta presentada carece  de medidas para mejorar el 40 % de los ríos,  acuíferos y humedales que están en mal estado, tal como se establece en la Directiva Marco del Agua.

Por otra parte, la organización considera esta modificación del reglamento una gran oportunidad perdida para regular al alza los caudales ecológicos o los aportes mínimos necesarios para el mantenimiento en buen estado de los ecosistemas de agua dulce, llegando tarde para mejorar la planificación hidrológica que está a punto de ser aprobada.

Además WWF ve con preocupación que no haya sido objeto de regulación específica la protección de las aguas frente a la contaminación difusa por la actividad agraria, procedente del lixiviado, abonado, la fertilización y fumigación con plaguicidas. Cabe destacar que esta problemática afecta directamente a la salud humana, pues los nitratos se acumulan en los acuíferos, que son reservas estratégicas de agua para las poblaciones en momentos de sequía, así como la fuente principal de suministro para muchos pueblos y ciudades.

Esta contaminación se suma a las restricciones de agua por sequía que se extienden por varios municipios de casi toda España. Por ejemplo, en 11 pueblos de la sierra de Huelva donde se ha restringido el agua entre 7 y 13 horas diarias o en siete municipios de Córdoba.

Asimismo, WWF considera que la propuesta no establece precios del agua adecuados para cumplir adecuadamente con el principio de «quien contamina paga”. Además la organización reclama que se refuercen los mecanismos de participación pública garantizando una adecuada interlocución con los colectivos interesados

“Para hacer frente a esta crisis hídrica, necesitamos salvar el agua de la explotación descontrolada e intensiva y garantizar un futuro con agua para las personas y la naturaleza. Por eso reclamamos un reglamento robusto que haga frente a las amenazas reales y a los enormes retos a los que se enfrentan los ecosistemas de agua dulce”, concluye Teresa Gil.

WWF pide al Gobierno y a las comunidades autónomas un giro en su política agraria e hidrológica. Para ello, deben tomar medidas para acabar con el robo del agua, ajustar las demandas del regadío a los escasos recursos hídricos disponibles, invertir en nuevas tecnologías para el ahorro de agua doméstica e industrial y recuperar la biodiversidad y la salud de ríos, humedales y acuíferos.