En el Día sin coches la amenaza de una vuelta atrás preocupa

• Aunque España sigue liderando la iniciativa europea del Día Mundial sin Coches, la amenaza de una vuelta atrás preocupa. 
• La mayoría de los trayectos diarios en las ciudades españolas —ciudades compactas— ya se hacen caminando, o combinando la movilidad a pie con el transporte público. Eso es lo que debe favorecerse de forma prioritaria: la movilidad activa y el transporte público de calidad.

Desde hace 21 años se celebra la Semana Europea de la Movilidad, cuyo día culminante es el 22 de septiembre, el Día sin Coches. En estas dos décadas se han dado algunos avances con mucho empuje de las organizaciones sociales, ecologistas, ciclistas y vecinales, que en casi todas las ciudades comenzaban el curso con las actividades de la semana de la movilidad.

La celebración del Día sin Coches llega este año teñida de amenazas a la movilidad sostenible. Frente a ello, la Campaña Clean Cities, de la que forma parte Ecologistas en Acción, reitera que la transformación de la movilidad debe estar en el centro de todas las agendas políticas. El transporte por carretera es responsable del 27 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y del 27 % de las emisiones de óxidos de nitrógeno.

La Agencia Europea del Medioambiente señala que cada año mueren de forma prematura casi 30.000 personas en España, por causas relacionadas con la contaminación atmosférica. Garantizar la salud con una calidad de aire óptima tiene que ser una prioridad con la promoción y mejora del transporte público y la bicicleta, ejes fundamentales para que la ciudadanía se desplace.

Las Zonas de Bajas Emisiones son una necesidad

Según las organizaciones, la aprobación de la Ley de Cambio Climático en 2021, aunque tardía, ha sido un gran avance para impulsar de forma legal medidas que favorecen el cambio modal, con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y gases contaminantes a la atmósfera.
Ante las dudas de cómo debía aplicarse la ley, se lanzaron multitud de guías y directrices y, finalmente, en diciembre de 2022 se publicó el Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones ZBE, que indica los requisitos mínimos que deben cumplir estas zonas.

Además, y para que la falta de presupuesto no fuera una excusa, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana abrió dos convocatorias de ayudas a municipios a través de las que se han distribuido 1.500 millones de euros para poner en marcha ZBE y medidas para reducir el tráfico y promover el cambio modal.

A pesar de ello, solo unas pocas ciudades cumplieron con la Ley de Cambio Climático, que indicaba que antes de 2023 deberían tener establecidas sus ZBE. Sin embargo, la convocatoria electoral de 2023 supuso un nuevo freno a algunas corporaciones municipales que no terminaban de ver claro cómo actuar, así como algunas sentencias judiciales que parecen más encaminadas a entorpecer la mejora de la calidad de vida en las ciudades que a facilitarla.

Tras las elecciones de mayo, algunos responsables municipales han realizado declaraciones alarmantes, pretendiendo eludir la responsabilidad de luchar contra el cambio climático y desprotegiendo a la población. Como dijo esta semana Antonio Guterres, secretario de la ONU, parece que pretenden abrir aún más “las puertas del infierno”.

Por todo ello, las organizaciones que forman parte de Clean Cities insisten en que la salud y la vida de las personas debe ser la máxima prioridad de la acción política: “El retraso en hacer efectiva la ZBE en Badalona, por ejemplo, podría suponer el fallecimiento prematuro de 660 personas, 220 por cada año que se retrase. No debería jugarse con la calidad del aire que respiramos, con la vida”.