Mañana 31 de octubre, Día Mundial de las Ciudades, Amigos de la Tierra pone el foco en la importancia de la renaturalización de las ciudades con criterios de justicia social. Para este fin, activistas de la asociación salen a la calle para reclamar que se desarrollen y apliquen políticas públicas que garanticen el derecho a la naturaleza en los núcleos urbanos.
En un año en el que las olas de calor se han multiplicado, con cuatro eventos de este tipo a lo largo del verano, y tras un 2022 en el que las temperaturas extremas supusieron la muerte de 4.600 personas, según datos del Ministerio de Sanidad, es prioritario establecer políticas contundentes de adaptación y mitigación con especial atención a colectivos vulnerabilizados.
La organización ecologista reclama que esta adaptación a las altas temperaturas no puede establecerse desde ópticas individualistas, sino que debe pasar por políticas democratizadoras como la renaturalización de las ciudades. Una renaturalización que debe diseñarse conjuntamente con los vecinos y vecinas de los diferentes barrios. En esta línea, Amigos de la Tierra añade que no solo es necesario crear “refugios climáticos”, sino que estos deben ser “comunitarios”, para promover la vida en común, el cuidado y el apoyo mútuo y la participación.
“Necesitamos defender el derecho a vivir dignamente en la ciudad, y para ello, las políticas de renaturalización deben potenciarse e incluir el desarrollo de “refugios climáticos comunitarios” que no solo nos protejan del calor, sino que nos permitan compartir y conocer a nuestras vecinas”, añade Miguel Díaz-Carro, responsable del área de Biodiversidad y Territorio en la organización.
Las ciudades deben establecerse como espacios para convivir y desarrollarse como personas, donde el derecho a la naturaleza y el resto de derechos sociales sean la norma y no la excepción. El mercado inmobiliario genera graves problemas de inequidad social y vulnera el derecho a la naturaleza. Por este motivo, las políticas de renaturalización deben contemplar la justicia social en primer lugar y velar por espacios verdes para todos los barrios y municipios sin importar la condición social y económica de la población.
La crisis climática y social afecta principalmente a las personas más vulnerabilizadas como mujeres y personas de rentas bajas y las lleva a la precariedad energética. Para evitar estas graves situaciones es indispensable que las administraciones impulsen políticas de adaptación climática y de promoción de la biodiversidad, como la Ley de Restauración de la Naturaleza, que incluyan cláusulas sociales que no permitan la gentrificación verde, la expulsión de la gente de sus barrios.
Los refugios climáticos comunitarios se constituyen como una herramienta de vital importancia para garantizar el derecho a la naturaleza y la equidad social en las ciudades a la vez que disminuyen la temperatura y el efecto “isla de calor”. Así, los refugios climáticos más adecuados no son los espacios cerrados acondicionados, sino los espacios verdes al aire libre. Gracias a la creación participativa de estas zonas, convirtiendo solares sin uso en parques y huertos urbanos, se contrarrestan las altas temperaturas y se reduce el uso de electricidad, con la consiguiente reducción de emisiones de CO2, lo que permite que el confort térmico no dependa únicamente de quien pueda pagarlo. En definitiva defender el derecho a la naturaleza es esencial para garantizar la adaptación a la crisis climática, y garantizar ésta es clave para defender los derechos humanos.
Teresa Rodríguez Pierrard