Gobierno, Junta y Estación Biológica de Doñana abren la puerta al cultivo de transgénicos

La COAG y los grupos ecologistas se quedan solos en su oposición a las siembras biotecnológicas · Los ponentes oficiales dan garantías sanitarias y medioambientales · No hay unanimidad científica. 

Los cultivos transgénicos, probablemente maíz y arroz, serán una realidad en el Entorno de Doñana después de constatarse que no existe una voluntad expresa por parte de la administración central, autonómica ni de la Estación Biológica de Doñana de oponerse tajantemente a este cultivo.

La comisión de trabajo de Biodiversidad, Desarrollo Sostenible e Investigación del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana celebró ayer una sesión cuyo objeto era debatir sobre los denominados cultivos biotecnológicos y su irrupción en el entorno de Doñana, en la que se evidenció que sólo los grupos ecologistas y COAG se oponen a esta irrupción.

El orden del día no incluía la adopción de ningún tipo de acuerdo tácito más allá de fijar posiciones, por lo que la reunión se circunscribió al ámbito informativo y la confrontación de ideas. Al menos la sesión fue clarificadora en lo concerniente a fijar y conocer las posturas de los distintos actores que tienen voz en el desarrollo del Parque Nacional ya que, exceptuando dos de las tres organizaciones agrarias, el resto respaldó el cultivo transgénico si bien ninguno de ellos a quemarropa, principalmente por los riesgos del contagio del material genético con sus especies silvestres.

En representación de la Junta de Andalucía el experto Antonio González se mostró aséptico en su exposición inicial de apertura a los ponentes, a la par que subrayó que toda la normativa al respecto viene promulgada desde la Comunidad Europea, por lo que el margen de maniobra en términos legislativos de las propias autonomías es mínimo. No obstante y de cara a tranquilizar a los detractores de la implantación de este modelo productivo subrayó que en todas las investigaciones desarrolladas «se aplica un principio de cautela» a efectos de garantizar de forma fehaciente las garantías sanitarias y medioambientales de las nuevas semillas. Y destacó que los organismos reguladores de los alimentos transgénicos autorizan cada cultivo con su pertinente modificación de forma independiente e incluso están sujetos a que puedan ser retirados si se detectan cualquier tipo de riesgo. Es decir, que en ningún caso la aprobación de una determinada semilla comporta carta blanca para sus distintas variantes modificadas.

Los ponentes propuestos por la Estación Biológica de Doñana: Rafael Garcés, doctor en Biología y profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de la Grasa y José Romero, perteneciente al Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis dependiente del CSIC, realizaron un recorrido a través del proceso evolutivo por el que de forma natural las plantas han sido modificadas genéticamente por lo que la biotecnológica sólo implica ir un paso más allá, seleccionando el carácter y las mejoras genéticas que deseamos que posea el fruto de cara a un mejor comportamiento ante las adversidades climatológicas, una maduración más tardía e incluso resistencia ante determinado tipo de plagas.

El director de la Estación Biológica, Fernando Hiraldo, reclamó un debate «serio y real que se aleje de fantasmas», primordialmente a efectos de contribuir a que la sociedad se haga una idea y, «posteriormente, el consumidor determine qué tipo de productos lleva a su mesa». En este sentido enfatizó la necesidad de que los científicos trabajen en pos de cultivos «más eficientes y seguros». Como reflexión dejó sobre la mesa el hecho de que «el crecimiento de la población mundial siempre ha tenido costes en forma de mayor consumo de los recursos del planeta, contaminación de aguas, usos de pesticidas, etcétera». En base a estos términos el crecimiento demográfico implica «nuevos costes que tenemos que determinar si estamos dispuestos a asumir». Como alegato final subrayó que la trazabilidad de los transgénicos «me garantiza que son seguros y hasta ahora no han existido problemas detectables de salud».

El único ponente que se mostró contrario a las tesis gubernamentales fue el propuesto a instancias de COAG. El biólogo y Maestría en Agroecología, Juan José Soriano, destacó tres razones por las cuales el entorno de Doñana no debe acoger este tipo de cultivos. En primer lugar citó los riesgos para la salud y el efecto sobre el consumo; en segundo término el impacto de la introducción de los transgénicos para el medioambiente y la biodiversidad; y, por último, la incidencia en el desarrollo rural. Para el experto el hecho de que la propia Comunidad Europea aplique un férreo control sobre este tipo de productos, que se sitúa al mismo nivel que los medicamentos, delata los riesgos que entraña.

En base a estas apreciaciones abogó por evaluar todos los aspectos a medio y largo plazo y sopesando las ventajas e inconvenientes. En contra de sus compañeros consideró que existen «riesgos evaluados sobre el impacto en la biodiversidad contrastados científicamente e incluso asociaciones médicas que han pedido una moratoria porque entienden que los efectos que pueden tener sobre la salud no justifican sus ventajas».

Soriano mantuvo que «no existen estudios epidemiológicos sobre la población, mientras que se tiene constancia de transferencia de contenido genético a animales», contrastados problemas de alergias e intolerancia a estos productos por parte de seres humanos, así como malas hierbas que se han hecho fuertes por dichas modificaciones genéticas.

Tanto UPA como Asaja hicieron frente común a la hora de defender los cultivos transgénicos y llevaron a ponentes como José Ignacio Cubero, ingeniero agrónomo, doctor en Biología y catedrático de Genética de la Universidad de Córdoba; José Antonio López, profesor titular de microbiología de la UAM e investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, así como José Luis Romero, Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Todos ellos sin distinción defendieron la seguridad de los cultivos transgénicos y los estudios que les preceden antes de que Europa autorice su comercialización. El tibio aunque decidido apoyo de la Junta de Andalucía en la comisión de trabajo va en la línea del Gobierno Central quien ha mostrado un enfervorecido respaldo a los transgénicos, al menos a tenor de que destine 60 veces más recursos a la financiación de este tipo de productos que a la agricultura ecológica. Algunas entidades agrarias recalcan que este último modelo tradicional reporta 25 veces más empleo y ocupan una superficie 16 mayor, con lo que se evita la erosión del terreno.

Ecologistas en Acción hace suyas las tesis de Greenpeace, quien se muestra a favor de la biotecnología siempre y cuando sus estudios se realicen en ambientes confinados, controlados y sin interacción con el medio. Señalan que las grandes empresas son conscientes de los enormes gastos que ello comporta y están utilizando el medio ambiente como un gigantesco campo de pruebas movidos únicamente por intereses comerciales y escudados bajo «la falacia» de que este modelo productivo finiquitará el hambre en el mundo.

Fuente_Vida Sana