La Unión Europea está perdiendo la oportunidad de garantizar la sostenibilidad marina y la viabilidad de las poblaciones más dependientes de la pesca

Maria Damanaki, Comisaria de Pesca europea, ha presentado hoy la propuesta de la Comisión Europea para la reforma de la Política Pesquera Común (PPC). Esta reforma, tras ser discutida en el Parlamento Europeo y en el ámbito del Consejo Europeo, definirá las nuevas directrices para la pesca comunitaria que deberán entrar en vigor a finales del año 2012.

La propuesta presenta aspectos positivos en su planteamiento, como la decisión de usar los planes a largo plazo como un eje de vertebración de la gestión pesquera, la incorporación de la aproximación ecosistémica, la voluntad de conseguir el rendimiento máximo sostenible, o la decisión de afrontar las problemáticas de los descartes. Pero los mecanismos planteados y la falta de priorización hacen que sea una propuesta inadecuada para asegurar un ecosistema marino en buenas condiciones, al tiempo que se garantiza una distribución equitativa de los recursos, y la viabilidad de las poblaciones más dependientes de la pesca, donde la pesca artesanal sostenible tiene un rol importante.

A continuación señalamos algunos de los aspectos que consideramos de mayor importancia y que deben ser modificados sustancialmente:
«Un sistema de concesiones individuales transferible como único sistema de gestión nos parece inaceptable, debería ser en todo caso una de las posibles alternativas, y siempre que se establecieran las salvaguardas sociales, económicas y ambientales adecuadas.» señala Miquel Ortega de OCEAN2012.

«Apoyamos el establecimiento de planes a largo plazo como un eje vertebrador de la nueva PPC, y el objetivo de conseguir el rendimiento máximo sostenible. Pero consideramos que la propuesta actual es insuficiente pues no incluye marcos temporales para el establecimiento de estos planes ni mecanismos de participación y de cogestión pesquera» señala Raúl García de WWF.

«La propuesta actual perpetúa el status quo para las especies que no se contemplen en los planes de gestión a largo plazo, o que no estén cubiertas por los TACs, es decir, para la mayoría de las especies explotadas comercialmente» dice María José Cornax de OCEANA, y añade «otro de los aspectos que nos preocupa es la falta de mecanismos para la aplicación del principio de precaución, se ha de garantizar que la ausencia de datos no ha de constituir un argumento para la ausencia de gestión».

«La propuesta debe afrontar el problema de la sobrecapacidad estableciendo planes de gestión de capacidad para la totalidad de la flota, adaptándose al estado de cada pesquería y teniendo en cuenta los impactos diferenciados de las diversas flotas. Pero nos parece vergonzoso que la propuesta actual en la práctica sólo obligará a establecer planes de ajuste para los pescadores artesanales» señala Celia Ojeda de Greenpeace.

«Creemos que debe establecerse una nueva priorización del acceso a los recursos pesqueros. Se deben aplicar criterios de sostenibilidad, favoreciendo el acceso y la financiación para aquellas artes de pesca más selectivas, con menores impactos en los hábitats marinos, de menor consumo energético, que favorezcan una mayor ocupación y de calidad, y por supuesto todo ello condicionado al cumplimiento legislativo» señala Lydia Chaparro de Ecologistas en Acción.

«Necesitamos que la PPC integre mucho mejor las políticas ambientales europeas, un aspecto insuficientemente tratado en la propuesta actual. Debe garantizarse una aproximación ecosistémica completa que, entre otros aspectos, minimice y siempre que pueda elimine la captura de especies que no sean objetivo, incluyendo peces, aves y tortugas, y que siempre tenga en consideración el principio de precaución» señala Pep Arcos de SEO/BirdLife.

«Nos preocupa especialmente la inadecuación de la propuesta al Mediterráneo, sus particularidades no han sido consideradas. En esta región es imprescindible el establecimiento inmediato de planes a largo plazo en el marco del Reglamento Mediterráneo, un esfuerzo mucho mayor en el ámbito científico y reforzar el cumplimiento legislativo» señala Liliane Spendeler de Amigos de la Tierra.

Apoyamos una prohibición de los descartes, ya que es imprescindible afrontar este grave problema ambiental, pero no tal como está reflejado en la actual propuesta: el objetivo debe ser evitar su captura, y de ninguna manera puede acabar siendo un sistema que favorezca la creación de nuevos ercados basados en juveniles, tallas ilegales, etc.»

La propuesta actual no distingue entre los diferentes modelos acuícolas, y propone un enfoque que no integra adecuadamente la dimensión ambiental. Nos oponemos a la promoción de los modelos que acaban favoreciendo el esquilme de los recursos pesqueros salvajes, como las granjas de engorde de atún. La propuesta ofrece más autonomía y responsabilidad a los países miembros, pero no establece objetivos comunes que garanticen la integridad de los sistemas ecológicos.

En cuanto a la dimensión exterior de la PPC creemos que la propuesta debe ser modificada significativamente introduciendo un pago creciente por parte de la industria de los costes de acceso, la obligatoriedad de introducir cláusulas de exclusividad cuando se firman acuerdos de acceso a los recursos pesqueros de terceros países, y la desvinculación de la cooperación respecto a los derechos de acceso a los recursos.

Por todo ello los abajo firmantes nos reafirmamos en evaluar la propuesta actual como inadecuada, y esperamos que tanto los estados miembros como los parlamentarios europeos introduzcan cambios significativos durante el proceso legislativo.