Ayer entró en vigor el Reglamento de la madera de la UE (EUTR) que tiene como objetivo poner freno al comercio de madera de origen ilegal. Esta normativa pide a los operadores que importan o producen madera, así como productos derivados de ella, que identifiquen su país de origen y aporten pruebas de su legalidad. WWF aplaude la puesta en marcha de esta legislación, la primera de este tipo en Europa, que supondrá un gran paso para acabar con el comercio de madera de origen ilegal, pero pide a los Estados Miembro de la UE que la apliquen adecuadamente para garantizar su efectividad.
Tras dos años de preparación, todavía algunos de los países de la UE, entre los que se encuentra España, no están suficientemente preparados para la introducción de la nueva ley. A día de hoy, no está claro qué países han desarrollado a tiempo la legislación nacional necesaria para dar cobertura al Reglamento EUTR, incluyendo el marco de penas y sanciones que se deben imponer ante un incumplimiento. También queda por ver si la ley será aplicada de forma equitativa a lo largo de toda la UE, ya que en algunos Estados estas acciones ilegales pueden conllevar sanciones penales, mientras en otros tan solo una multa.
En España, el Reglamento de la Madera de la UE ha entrado en vigor sin que exista una legislación al respecto a escala nacional y sin que se haya establecido cómo se va a asegurar, a nivel nacional y autonómico, la correcta aplicación del Reglamento.
WWF pide a los Estados Miembro que se tomen en serio la aplicación del Reglamento de la madera de la UE y que trabajen para poner fin al comercio de madera de origen ilegal dentro de la UE.
La organización insiste en que es esencial que se designen autoridades nacionales competentes para supervisar la aplicación de la ley y que estas estén suficientemente preparadas. Esto supone contar con personal suficiente y con fondos para asegurar controles anuales a los operadores.
Anke Schulmeister, Responsable de Política Forestal de la oficina europea de WWF, apunta: “La introducción del EUTR fue una decisión relevante por parte de las instituciones de la UE, pero carece de significado si no se convierte en una ley fuerte a nivel nacional. Si las autoridades nacionales designadas no tienen la capacidad de aplicar de forma adecuada la legislación, todo el sistema se desmoronará”. Y añade “Por otro lado, es esencial no perder de vista que el hecho de que la madera sea de origen legal no significa que esos productos hayan sido extraídos sin destruir valiosos ecosistemas forestales. Tenemos que focalizarnos en asegurar que estos productos vienen de fuentes forestales responsables, a través de sistemas como la certificación forestal FSC (Forest Stewardship Council)”.
Enrique Segovia, Director de Conservación de WWF España, añade, “Estamos a tiempo de evitar que España se convierta en un país que pone trabas a la aplicación efectiva de este Reglamento. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como autoridad competente en nuestro país, ha de trasponer cuanto antes el Reglamento a la legislación nacional, desarrollando un sistema de sanciones y penas consistente, y asegurando que exista capacidad para poner en marcha un método efectivo de controles sobre los operadores”.
Coral García | WWF