Acaba un 2022 negativo para España: incendios, sequía, olas de calor e inundaciones

Greenpeace hace balance de los impactos agravados por el calentamiento global y por la pérdida de biodiversidad, que representan una amenaza clara a la que nos enfrentamos en España y en todo el planeta. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) confirmó el pasado abril que la mortalidad por inundaciones, sequías y tormentas durante la última década fue 15 veces mayor en los países muy vulnerables que en los de muy baja vulnerabilidad. Aun así, no hace falta ir a latitudes más lejanas para confirmar el aumento de vulnerabilidad de la población, ya que la región mediterránea es donde se está apreciando con mayor rapidez el impacto del calentamiento global.

“Cuando hablamos de olas de calor, de sequías o inundaciones, muchas personas hablan de la naturaleza, de que no depende de nosotros. Sin embargo, las actividades y decisiones humanas son el origen de eventos extremos, con lo que está en nuestra mano la protección de la biodiversidad y del clima, para prevenir los grandes desastres que estamos viviendo y que se prevé que aumenten en el futuro”, dijo Maria José Caballero, responsable de campañas de Greenpeace.

Temperaturas anómalas y olas de calor: temperaturas letales

La ciencia deja claro lo que este año 2022 ha confirmado: que el calentamiento global provoca olas de calor más frecuentes y más peligrosas. Se estima que más de tres mil millones de personas vivirán en lugares con temperaturas “casi inhabitables” para 2070.

La definición de la AEMET de “ola de calor”, basada en la ciencia y en los datos, así como los registros y estudios que realiza, deja claro que cada vez se producen más olas de calor, más duraderas y más intensas. Las olas de calor en España en este 2022 han sido las más largas (un total de 41 días), las que han afectado a más provincias a la vez (44 de las 50 provincias), y las más intensas (anomalía de +4,5 ºC) de toda la serie histórica desde 1975, con récords de temperaturas máximas en muchas provincias (1).

Estas olas de calor provocan impactos en nuestra salud (problemas mentales, del sistema nervioso y mortalidad), en la agricultura (pérdidas de cultivos), en la ganadería (muerte y estrés físico animal), en nuestros bosques (en riesgo de incendio extremo que ya estamos viendo), en nuestros ecosistemas (deterioro y pérdida) y en las reservas de agua (merma o desaparición), entre otros. Este 2022, más de 4700 personas fallecieron en España, con un incremento muy superior a la mortalidad notificada, observada, esperada y atribuible a la temperatura (2).

Agua, un recurso del que depende la vida: escaso, contaminado y mal gestionado

A pesar del espejismo de las últimas lluvias, las reservas actuales de agua embalsada apenas superan el 35,7 % (esta semana). El año hidrológico 2021-2022 ha sido uno de los tres más secos de la serie histórica. Se cierra marcado por olas de calor intensas y con precipitaciones que han sido un 25 % inferiores a la media. Las reservas de agua embalsada son las más bajas en los últimos 27 años.

Actualmente, las Comunidades de Andalucía y la parte de Catalunya (3) donde se concentra el 80 % de su población están en situación de alerta por sequía, con restricciones de uso de agua.

Sin embargo, la falta de agua se debe a otros factores. Además de la sequía agravada por el cambio climático, las políticas de un recurso tan vital como este hace que más del 80 % del agua se destine al regadío intensivo e industrial en detrimento de la agricultura más tradicional y familiar y pone en riesgo el consumo humano. Poca agua, mal gestionada y contaminada como viene denunciando Greenpeace hace años.

Según los datos de la AEMET, el presente otoño pasará a ser uno de los dos más cálidos de la serie histórica. La temperatura media ha sido superior a 16 ºC, algo que solo se había registrado en 1983.

En cuanto a las precipitaciones, a nivel peninsular estamos ante un otoño seco, con un 25 % menos de lluvia de lo normal a finales del pasado mes de noviembre. Sin embargo, durante los 12 primeros días de diciembre llovió más del doble de lo normal en buena parte de la península, según la AEMET, e incluso más del triple en zonas de Extremadura y Castilla-La Mancha.

Grandes incendios forestales: la amenaza en forma de llamas

No es casual que un mal año de sequía sea un mal año de incendios. Sin olvidar que el 95 % de los incendios tienen origen humano, un territorio más caliente, más seco y por tanto más inflamable es el escenario perfecto para que ocurra un incendio de alta intensidad.

2022 ha sido el peor de los últimos 28 años. Aun con casi el mismo número de incendios este año (10.000) en comparación con la media del decenio y con una extinción exitosa (69 % de los incendios quedan en una hectárea), en 2022 se han quemado 268.000 hectáreas, el triple de lo que se quema de media en los últimos años, con 56 grandes incendios forestales, responsables de más del 80 % de la superficie quemada. Incendios ingobernables que escapan a la capacidad de los operativos. Un ejemplo de estos incendios históricos es el de Losacio (Zamora), con 30.000 personas desalojadas (4), cuatro personas fallecidas, 90 personas heridas, miles de hectáreas de alto valor ambiental afectadas, pérdidas de infraestructuras y de medios de vida de la población rural. Tras las llamas, las consecuencias negativas de los incendios continúan por largo tiempo, como la contaminación por arrastre de cenizas que afecta a los ríos y recursos pesqueros como el marisco, y restricción de consumo de agua potable por contaminación de cenizas.

Los estudios siguen confirmando que esta temporada extrema de incendios forestales que se ha producido en 2022 en los países del suroeste de Europa podría ser la «nueva normalidad» en los próximos años como consecuencia de los efectos del cambio climático (5).

Danas, inundaciones: llega el agua de manera torrencial

En España, hay 5 millones de personas que viven en zonas inundables (10 % de la población).

La ciencia prevé que el cambio climático provoque una mayor frecuencia de lluvias torrenciales, así como una subida del nivel del mar y, por ello, aumenta el riesgo de inundaciones. Lejos de hablar de la crudeza de la naturaleza, hay que recordar las actividades humanas que generan el riesgo de inundación: la mala ocupación del suelo, es decir, asentamientos en zonas inundables y la alteración de las dinámicas costeras (destrucción de ecosistemas, alteración de la recarga natural de playas, sobreexplotación de acuíferos, etc).

Los meses de sequía que se alternan con temporadas de grandes aguaceros comienzan a ser una normalidad en el calendario de eventos, tanto que las compañías aseguradoras están comenzando a incluir cláusulas para no cubrir desperfectos por inundaciones. La gota fría del 1 de septiembre de 2021, de tan solo un día, tuvo indemnizaciones por valor de 78 millones de euros. La del  13 septiembre (13 días), 99 millones de euros. Sin olvidar las 300 personas en España fallecidas en inundaciones en los últimos 30 años (6).

El mejor plan de rescate: protección del clima y la biodiversidad

El cambio climático explica el agravamiento, no el origen de eventos extremos, como queda recogido en la propia Estrategia Nacional de Protección Civil, que describe los riesgos clave en España. El pasado 24 de octubre se aprobó el Plan Nacional de Reducción de Riesgo de desastres Horizonte 2035 que tiene como eje fundamental la mejora de la prevención y respuesta a las crecientes amenazas de todo tipo vinculadas al fenómeno del cambio climático con el Proyecto «Municipio seguro» para abordar la autoprotección.

La única forma de frenar el calentamiento global es dejar de emitir gases de efecto invernadero, que provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles. Por ello, la medida más efectiva para reducir los impactos del cambio climático es que España aumente su objetivo de reducción de emisiones de efecto invernadero desde el actual objetivo del 23 % hasta por lo menos hasta un 55 % en 2030 (con respecto a 1990). Sin embargo, el pasado 20 de noviembre finalizaba la COP27 de cambio climático, en la que se ignoraron las peticiones para incluir el abandono progresivo de todos los combustibles fósiles responsables de las emisiones. La forma de reducir nuestras emisiones está clara y además proporcionará más ventajas al conjunto de la población que seguir con el sistema tal y como está ahora. Frenar la crisis de pérdida de biodiversidad es igual de urgente que frenar la crisis climática y, además, las medidas de protección de la biodiversidad son esenciales para frenar ambas crisis. Por ejemplo, proteger ecosistemas naturales como los océanos, pastos, bosques, corales o turberas, así como su uso de forma tradicional y sostenible, es imprescindible para mantener su papel clave en el ciclo del carbono y así reducir el calentamiento global.

“Tenemos el plan de rescate para la humanidad con soluciones climáticas y de protección a la biodiversidad. Necesitamos voluntad política para priorizar un planeta seguro por encima de intereses particulares. No tiene sentido hablar de municipio seguro cuando se incumplen planes preventivos, cuando no se reducen las emisiones, se edifica en zonas inundables o se extrae agua para regadío intensivo mientras se restringe el uso de agua para la población. Esto sale caro y peligroso”, dijo Maria José Caballero, responsable de campañas de Greenpeace.

Para reducir la vulnerabilidad de la población será necesario abordar el grado de exposición (la probabilidad de que la población sufra ese evento), su capacidad de intervención y la susceptibilidad.

Al igual que la reducción de emisiones, la adaptación al cambio climático implica a toda la sociedad, desde el ámbito individual hasta las instituciones privadas y públicas, teniendo claro que las administraciones más grandes tienen la mayor responsabilidad. De igual forma, las medidas abarcan a todos los ámbitos de la sociedad y a todos los sectores económicos, tal y como deja claro el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Las administraciones públicas deben fomentar la participación de toda la sociedad en la evaluación, planificación y ejecución de estas medidas, tanto la población afectada como instituciones que pueden contribuir por sus capacidades técnicas o financieras.

Estas son las demandas que propone Greenpeace para prevenir eventos extremos y así reducir su impacto:

Olas de calor

Nuestras instituciones tienen numerosas herramientas para intentar adaptarnos a las olas de calor que el calentamiento global está haciendo más intensas y frecuentes. Frente a ellas, hay que recordar que el calor extremo mata y afecta más a las personas más vulnerables, por lo que la prioridad debe ser proteger a estas personas en primer lugar, especialmente los ancianos, las familias de bajos ingresos y las personas sin hogar.

• Aprobar normativa que obligue a empresas y administraciones públicas a evaluar y prevenir riesgos laborales asociados al cambio climático y especialmente a las olas de calor y a las temperaturas anormalmente altas.
• Evaluación del cambio climático y especialmente de las olas de calor en especies amenazadas y en espacios protegidos. Elaboración y ejecución de planes de adaptación frente a ello.
• Que la planificación territorial y sectorial tenga en cuenta el cambio climático y las olas de calor para fomentar la conectividad ecológica (que facilite la conexión de seres vivos a ecosistemas con mejores condiciones), así como una mejor red de ecosistemas naturales que sirvan para amortiguar los impactos de las olas de calor.
•  Estudio, planificación y medidas de adaptación en la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, el apoyo a especies autóctonas que aumentan la variedad de respuesta frente a las olas de calor, la diversificación de especies y variedades, una buena gestión del suelo que favorezca una buena retención de agua, mejora de las infraestructuras ganaderas y fomento del uso de setos y árboles como protección frente a las olas de calor.
• La infraestructura verde (7) es fundamental para la adaptación a las olas de calor, ya que consigue reducir la temperatura ambiente, especialmente frente a la infraestructura gris, reduciendo el efecto de islas de calor urbanas. Será necesario aumentar las infraestructuras verdes, aumentando la restauración de ecosistemas y reducir las infraestructuras grises. Esta medida tendrá a su vez beneficios asociados como la reducción de emisiones de efecto invernadero, el aumento de la absorción de carbono y la mejora de la biodiversidad. Para ello puede ser de utilidad aplicar la Agenda Urbana Española.
•  Mejora del aislamiento y del comportamiento térmico de los edificios de acuerdo a los escenarios futuros. Los nuevos edificios deben ser neutros en carbono. Es urgente aprobar un “plan nacional de choque” que promueva la mejora del aislamiento de los edificios. Además de las ayudas actuales, que están acelerando la adopción de este tipo de planes, se necesita un plan especial dirigido a edificios de familias vulnerables, en los que las administraciones deberán liderar y financiar las obras de aislamiento. Todos los edificios públicos deben acometer la rehabilitación energética de forma urgente. Esto mejorará tanto la adaptación de la población más vulnerable frente a las olas de calor como la reducción de emisiones de efecto invernadero, al disminuir la necesidad de energía para calefacción y refrigeración.
• Cambiar los sistemas de transporte, implantar el urbanismo de proximidad y reducir el espacio dedicado al transporte privado motorizado.
• Proteger el agua: mucho más que ausencia de lluvia.

Estas son las medidas que se deberían adoptar para promover un uso sostenible del agua:

• Luchar contra el grave estado de sobreexplotación y contaminación que sufren nuestras aguas y prestar especial atención a las aguas subterráneas, al ser reservas estratégicas y aún muy desconocidas.
• Reducir nuestra vulnerabilidad al riesgo de sequía, aminorando la cantidad total de agua consumida, fundamentalmente por el regadío intensivo e industrial, al ser este el mayor consumidor (80 % del total).
• Incluir a la ciudadanía en la gestión del recurso del agua y de los riesgos hídricos, a través de procesos participativos reales y asambleas ciudadanas.
  Implantar regímenes de caudales ecológicos científicamente establecidos.
• Orientar las políticas agrícolas y ganaderas hacia la sostenibilidad y la reducción del consumo de agua, a través de una transición hidrológica justa.
  Establecer una hoja de ruta para potenciar la agricultura ecológica y reducir la cabaña ganadera en intensivo en un 50 % para 2030.

Cumplir los planes preventivos en zonas de alto riesgo y gestionar el paisaje

• La gestión del paisaje es una de las pocas ventajas estratégicas para prevenir grandes incendios catastróficos, es decir, no se puede cambiar la meteorología o la topografía, factores de los que depende el comportamiento del incendio, pero sí se pueden modificar las condiciones del combustible. En esta gestión, las quemas prescritas son una herramienta necesaria para la prevención de propagación de incendios forestales. Otra herramienta necesaria es el fomento de los paisajes en mosaico, potenciando la ganadería extensiva y la agricultura ecológica de pequeña escala.
• Cumplimiento de la normativa. Se necesitan planes preventivos en zonas de alto riesgo (ZAR) como marca la Ley de Montes. Esto no se está cumpliendo. Hay que dotar con recursos a los municipios.
• Cumplimiento de los planes de emergencia en zonas de alto riesgo. No se cumple la Directriz Básica de Protección Civil. Una vez más, hay que dotar con recursos a los municipios.
• Comunicación a la ciudadanía de los planes y exigencia de planes de autoprotección. 
• Invertir en la población para crear comunidades organizadas y adaptadas, de esta manera aumenta la percepción del riesgo y se previenen incendios forestales o se mitigan sus efectos.

DANAS e inundaciones. Planificación urbanística

• Incluir el riesgo de inundación en la planificación urbanística.
• Contemplar que los usos del suelo en zonas inundables sean compatibles con las inundaciones.
• Establecer franjas amplias de protección en los márgenes de los torrentes
• Aumentar los recursos para que la administración pueda controlar a priori nuevas construcciones en zonas inundables.
• Trabajar con sistemas eficientes de alerta meteorológica.
• Contar con más estudios de atribución en y para España, dado que es la única herramienta científica que nos informa de modo objetivo sobre la relación entre el cambio climático y un determinado evento meteorológico.

Maria José Caballero | Greenpeace