Demanda contra España por los vertidos de la Mina San Finx en Galiza

Después de una docena de preguntas parlamentarias y varias quejas y peticiones en Bruselas, nueve eurodiputados de Los Verdes han lanzado, a propuesta de Ecologistas en Acción, una interpelación mayor a la Comisión Europea para que inicie un procedimiento de infracción contra España por los vertidos con metales pesados procedentes de la mina San Finx, en Galiza. Las consecuencias podrían ser millonarias.

Los vertidos de esta histórica mina de estaño y volframio, propiedad del Grupo Sacyr, se han denunciado repetidamente por parte de ecologistas y colectivos locales ante las instituciones europeas desde 2016 y de forma paralela con acciones judiciales y administrativas en España. Sin embargo, hasta el momento no se ha adoptado medida alguna por parte de las autoridades responsables.

La mina se encuentra a tan solo 7 km del espacio de la Red Natura 2000 “Esteiro do Tambre” y de los bancos de marisqueo de la ría de Noia, lo que ha motivado que el Parlamento lleve a cabo esta acción extraordinaria, ya que apenas tramita 30 interpelaciones al año. En este caso, los vertidos representan una clara vulneración de la directiva marco del agua y la directiva hábitats, pero también es notoria la ausencia de evaluación de impacto ambiental para una actividad con consecuencias sobradamente conocidas.

El negacionismo’ de la Xunta de Galicia

Lejos de abordar el problema, el Gobierno gallego ha optado por negarlo, impidiendo una solución. Los informes del propio funcionariado del departamento de minas aconsejan la suspensión de la actividad minera hasta que un nuevo proyecto haya sido sometido al preceptivo trámite de evaluación ambiental. Sin embargo, la Xunta ha decidido acelerar el proceso para que la mina pueda retomar la actividad en cuestión de meses.

Así lo confirmó la cúpula del ejecutivo gallego en una reunión celebrada el pasado 26 de julio en Santiago con la presencia del vicepresidente segundo, la conselleira de Infraestructuras, la conselleira del Mar y las directoras del departamento de Minas, de Aguas de Galiza y del INTECMAR, organismo responsable por la calidad de los bivalvos.

Ecologistas en Acción denuncia que la Xunta quiere así dar luz verde a una autorización de vertidos que lleva tramitándose con numerosas irregularidades desde 2016 sin adoptar medida alguna para impedir que la contaminación continúe produciéndose. Esto implica la inyección constante de cantidades significativas de cadmio, cobre y zinc al río contiguo a la explotación.

También se pretende librar a la concesionaria minera de sus responsabilidades sobre unas presas de residuos mineros que la Xunta ha intentado hacer pasar por presas con fines hidroeléctricos, lo que les ha valido la imputación a tres funcionarios y altos cargos, entre ellos el anterior director general de minas Ángel Tahoces. Ecologistas en Acción recuerda, además, que la concesionaria minera es propiedad de Valoriza Minería, la misma empresa que está detrás de los polémicos proyectos mineros de Cáceres y Alconchel.

Investigación paralela de la Oficina Europea contra el Fraude

El Parlamento Europeo no es el único frente abierto que tiene la Comisión con la mina San Finx. La Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) también ha abierto un caso sobre la propia actuación de la Comisión Europea en relación a esta explotación minera.

De nuevo a instancias de Ecologistas en Acción, la OLAF está determinando si la financiación europea otorgada a Valoriza Minería para hacer ensayos en la mina San Finx –y que ha implicado intensificar los vertidos ilegales–  podría tener implicaciones para los funcionarios de la UE responsables por dichos fondos y conocedores de la falta de permisos ambientales.

Ecologistas en Acción ha denunciado cómo la financiación procedente de los fondos Horizonte 2020 se canalizó para pagar el salario del director de la mina, así como para investigaciones geológicas que se realizaron en plantas supuestamente inundadas de la explotación, pero que se desaguaron por bombeo forzado entre 2016 y 2020 a pesar de no existir autorización de vertidos. La Xunta de Galicia era igualmente conocedora de estos hechos pero tampoco ha actuado y ha permitido que la situación continúe hasta la actualidad.

Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción: “El caso de la mina de San Finx es un ejemplo de cómo en el Estado español proliferan las explotaciones mineras que buscan engordar su cuenta de explotación a base de incumplir la regulación. Las administraciones no pueden seguir consintiendo esta situación, deben actuar ante las agresiones al medio ambiente».