Ecologistas en Acción gana un juicio contra cazadores furtivos

Un grupo de cazadores furtivos de cabra hispánica en la Sierra de Gredos ha sido condenado gracias a la acusación particular ejercida por el grupo ecologista.

Según informan desde Ecologistas en Acción, un grupo de cazadores que abatían machos de cabra hispánica en la Sierra de Gredos y otros lugares y ofrecían también ejemplares de especies protegidas como lobos y osos ha sido condenado recientemente por el Juzgado de lo Penal 1 de Plasencia.

Ha quedado demostrado, gracias a la acción ejercida por Ecologistas en Acción, que en febrero de 2007 se cobraron dos ejemplares machos, de máximo nivel de cornamenta, en la cara sur de la Sierra de Gredos, en la provincia de Cáceres, pagando por ello 6.000 euros. La práctica consistía en acercar a los clientes y facilitarles el arma de precisión con silenciador y mira telescópica en el momento de la localización de las piezas y hacerles llegar los restos naturalizados (disecados) un mes después. Uno de los miembros de la familia de Candeleda implicada en este caso es titular de una taxidermia en Talavera, que les servía de tapadera para su actividad criminal y acumula varias condenas firmes de Juzgados de Ávila por hechos reiterados de la misma naturaleza, lo que provocará su entrada en prisión, una vez sea firme la sentencia.

Las condenas

El Juzgado de Plasencia condena a tres de los implicados a nueve meses de prisión y multa de 3.000 euros al reincidente y a seis meses de prisión y multa al resto, apreciando además las agravantes de precio y formar una partida de caza ilegal de más de tres individuos. También los inhabilita para portar armas o para realizar actividades de caza por un tiempo de tres años y nueve meses.

Por su parte la juez condena a los tres clientes procedentes de Málaga por los mismos hechos de caza furtiva, con las agravantes referidas de precio y partida ilegal de caza, a una multa de 3.600 euros. Y la inhabilitación para el ejercicio de la caza de tres años y nueve meses.

A todos ellos los obliga a indemnizar a la Junta de Extremadura por la cantidad del precio de las piezas que alcanza la cifra de 43.222 euros, más intereses.