(ABC.es) Gimeno, que ocupa este cargo desde el 2004, no ha querido hacer declaraciones al respecto, pero el departamento de Medio Ambiente ha hecho público un comunicado en el que defiende la presunción de inocencia del director de los servicios territoriales, porque «sólo a través del juicio que se celebrará en la Audiencia de Tarragona se podría demostrar su culpabilidad».
Tanto la Fiscalía como la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma), que ejerce la acusación particular, piden once años de inhabilitación para ocupar un cargo público por este caso, cuya vista oral se celebrará en la Audiencia de Tarragona.
A Gimeno le acusan de prevaricar al archivar intencionadamente, poco después de ocupar el cargo, decenas de denuncias interpuestas por los agentes rurales y la Guardia Civil a cazadores de barraca que empleaban métodos ilegales como el reclamo eléctrico.
El escrito de acusación de la fiscal recuerda que en el 2004 la dirección general de Medio Ambiente autorizó excepcionalmente la caza del tordo en barraca en las comarcas del Baix Ebre y el Montsià, pero sin emplear métodos ilegales y limitando las capturas.
Entre octubre y noviembre del 2004, los agentes rurales y de la Benemérita interpusieron hasta 96 denuncias por cazar en barraca sin permiso o con reclamo eléctrico, lo que motivó la apertura de 88 expedientes administrativos sancionadores.
Según la fiscal, Gimeno, «de forma arbitraria y con ánimo de favorecer a los cazadores», resolvió los expedientes según la normativa catalana, hizo cambiar a la instructora las resoluciones e incluyó asimismo las alegaciones de los abogados de los cazadores.
Además, según la fiscal, Gimeno aprovechó el traslado de una funcionaria instructora y la llegada de otra interina para resolver los expedientes según la ley catalana, menos severa que la española, que tipificaba las infracciones como menos graves y estipulaba multas de 601 a 60.000 euros. Leer más>>
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