La Directiva de Calidad del Aire es la norma básica por la que se rigen las legislaciones estatales en materia de calidad del aire. La norma que marca los objetivos de calidad del aire de contaminantes atmosféricos —como dióxido de nitrógeno (NO2), partículas en suspensión (PM10 y PM2,5) y ozono— es de 2008. En 2021, la OMS publicó unas directrices nuevas en base a la evidencia científica sobre contaminación y salud, que establecen objetivos mucho más bajos que los vigentes, de hasta la cuarta parte, para garantizar que el aire que se respira no es tóxico.
Tras la decisión de la OMS en 2021, la Comisión Europea presentó su propuesta de revisión de la Directiva en octubre de 2022. El Parlamento Europeo aprobó su posición, más ambiciosa que la de la Comisión, en septiembre de 2023. Y finalmente, los Estados miembro reunidos en el Consejo Europeo acordaron su postura en diciembre de 2023.
Los equipos negociadores de las tres instituciones han presentado ahora el acuerdo logrado en estos últimos meses, que debe ser ratificado por el Consejo y el Parlamento antes de la disolución de la cámara por las elecciones europeas en mayo.
Los nuevos objetivos legales son un gran reto para todas las ciudades del Estado español. Madrid y Barcelona consiguieron cumplir en 2023 los límites vigentes de NO2, límites que llevaban doce años sobrepasando. Ahora deben reducir prácticamente a la mitad para 2030 los niveles de contaminación que soportan en la actualidad para poder cumplir con la nueva Directiva de Calidad del Aire. En el año 2022, el 80 % de la población respiró un aire que incumple los nuevos objetivos legales por NO2, partículas y ozono.
Como muestran los informes anuales sobre la calidad del aire en el Estado español de Ecologistas en Acción, aunque es clara la tendencia a la mejora de los contaminantes atmosféricos, las cifras de mortalidad prematura que causa la contaminación del aire siguen siendo demoledoras: en Europa provocan alrededor de 300.000 muertes cada año, 20.000 de ellas en España, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Por todo ello, Ecologistas en Acción apunta que el acuerdo alcanzado ayer supone un avance en la protección de la salud, aunque no llega a los valores que indica la OMS. El texto acordado indica que debe haber más puntos de muestreo en las ciudades, que las normas de calidad del aire se revisarán antes del 31 de diciembre de 2030 y, a partir de entonces, cada cinco años. Desde su ratificación por el Parlamento y el Consejo Europeos, los Estados miembro dispondrán de dos años para aplicar la nueva norma.
La organización ecologista insta a todas las Administraciones a trabajar de forma prioritaria en la reducción de la contaminación del aire, que supone la principal causa de mortalidad por razones ambientales en España y en todo el mundo.
Incumplimiento de las comunidades autónomas y municipios españoles
Muchas comunidades autónomas incumplen su obligación de poner en práctica planes de lucha contra contaminantes como el ozono. Al mismo tiempo, el Gobierno central sigue apostando por la ampliación de grandes infraestructuras de transporte, con claras repercusiones en la calidad del aire (además de contribuir al incremento de emisiones de gases de efecto invernadero) como el aeropuerto de Madrid-Barajas, que es el principal foco de contaminación en la Comunidad de Madrid, o el puerto de Valencia.
La mayor parte de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes están incumpliendo su obligación legal de poner en marcha zonas de bajas emisiones (ZBE). A pesar de que debían haberlas implantado antes de 2023, solo una veintena de los 150 municipios concernidos cumplen esta medida, en la mayor parte de los casos mediante ZBE anecdóticas, sin repercusión práctica alguna sobre la calidad del aire.
Ecologistas en Acción enfatiza que, de hecho, algunas ciudades están retrocediendo en relación a lo conseguido en el pasado: desmantelamiento de carriles bici en Elx/Elche y Logroño; eliminación de carriles bus y bici en Valladolid; amenaza de eliminación de la ZBE de Castelló de la Plana; retirada de protecciones en entornos escolares de Madrid y Gijón; revisión del programa Protegim las escoles en Barcelona; reducción a su mínima expresión de las ZBE en Badalona, Gijón o Valladolid; eliminación de restricciones al tráfico en Murcia; renuncia a espacios peatonales en Gijón y Barcelona; y un largo etcétera.
Carmen Duce, coordinadora de la organización ecologista, ha declarado: “El acuerdo europeo alcanzado ayer para mejorar la calidad del aire es un buen avance. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. La reducción de la contaminación del aire debe ser una prioridad para las autoridades, municipales, autonómicas, estatales y europeas. Nuestra vida está en juego”.