Cinco años se ha tardado en conocer la sentencia, pero la espera ha valido la pena. Por fin se ha hecho justicia: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho público hoy su fallo en el caso de los Arctic 30 versus Rusia y ha concluido que las autoridades rusas detuvieron arbitrariamente a 28 activistas de Greenpeace y dos periodistas independientes y violaron su derecho a la libertad de expresión.[1]
En septiembre de 2013, un grupo de activistas de Greenpeace que posteriormente fue conocido como los Arctic 30 fue detenido bajo acusaciones de piratería tras una protesta contra la producción de petróleo en el Ártico, en el mar de Pechora, frente a la costa norte de Rusia. Varios comandos rusos abordaron el Arctic Sunrise -el legendario barco de la organización ecologista- desde un helicóptero y lo tomaron por la fuerza. Los activistas pasaron dos meses en centros de detención, primero en la ciudad ártica de Murmansk y luego en San Petersburgo, acusados de graves penas que conllevaban largas condenas de cárcel, antes de ser puestos en libertad bajo fianza y finalmente liberados por una amnistía adoptada por la Duma rusa [2] El caso cobró dimensión internacional y organizaciones de todo el mundo se unieron a Greenpeace para exigir la liberación de los detenidos.
“En un momento en que las autoridades de muchos estados están tomando duras medidas contra los activistas climáticos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos envía un mensaje claro: defender el medio ambiente es crucial y se debe proteger el derecho de las personas a manifestarse”, ha señalado Sergey Golubok, abogado de los Arctic 30, que ha acogido el fallo con gran satisfacción.
Por su parte, Faiza Oulahsen, responsable de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace Países Bajos y una de los Arctic 30 del Ártico, ha asegurado que “este fallo no podría llegar en un momento más crítico: personas de todo el mundo se están revelando contra la industria de los combustibles fósiles que nos está hundiendo cada vez más en la crisis climática, causando muerte, destrucción y desplazamientos en todo el mundo. El tribunal ha reconocido que el activismo climático es necesario para proteger todo lo que nos importa, afirmando que es ‘una expresión de opinión sobre un asunto de gran interés social’. Los tribunales y los Gobiernos deben defender a las personas y a la naturaleza, no a los grandes contaminadores”.
Mads Flarup Christensen, director ejecutivo de Greenpeace International, ha concluido que “la protesta pacífica es vital para abordar y navegar las múltiples crisis que afectan a las personas y al planeta. Cada vez más gente se indigna ante las ganancias de las grandes compañías que dañan el planeta y ante los poderes que están por encima de los intereses de las personas, por eso es tan importante que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos recuerde hoy que la protesta pública pacífica es un derecho que las autoridades públicas deben respetar en su totalidad”.
Las duras medidas adoptadas contra los manifestantes ecologistas pacíficos este año incluyen activistas climáticos condenados a tres años de prisión por escalar un puente en el Reino Unido y cinco meses por bloquear una carretera en Alemania, así como “arrestos preventivos” de activistas XR en los Países Bajos. [3][4][5] En España, también se ha denunciado un aumento progresivo de la criminalización y represión de los colectivos y organizaciones en el ámbito del activismo climático con medidas cada vez más duras, infiltración de fuerzas de seguridad en los colectivos y criminalización de periodistas que habitualmente cubren estas actividades.[6]
El pasado mes de mayo, Greenpeace International fue designada como “organización indeseable” por las autoridades rusas, lo que provocó el cierre de su oficina rusa, poniendo fin a 30 años de trabajo ambiental en el país. En un comunicado, Greenpeace International señaló: “La prohibición de las actividades de Greenpeace International en Rusia es una medida absurda, irresponsable y destructiva frente a la crisis climática y de biodiversidad global”.
Rusia fue excluida del Consejo de Europa en marzo de 2022, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero esto no afectó los casos pendientes.