Greenpeace alerta a las administraciones de las necesidades clave para asegurar la prevención de grandes incendios forestales

• Los datos de superficie forestal gestionada (dotada de presupuesto y con programa en ejecución) siguen siendo un misterio
• Tampoco existen datos normalizados para poder cuantificar qué cifra se invierte en gestión forestal frente al gasto de las administraciones en extinción forestal
• Castilla y León obtiene la peor clasificación, con una planificación muy deficiente, respecto a las comunidades autónomas con mayor superficie quemada por grandes incendios forestales en este siglo

Greenpeace presenta el informe “Grandes Incendios Forestales. Ante incendios de alta intensidad, la gestión forestal es urgente” que tiene como objetivo analizar el compromiso de las administraciones públicas para prevenir los grandes incendios forestales, el cumplimiento de la normativa existente en las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) y la inversión en gestión forestal.

Los incendios se ceban en el Mediterraneo (Grecia, Italia, Argelia, España), es la región donde más se aprecian los impactos del cambio climático con incendios más peligrosos, rápidos e incontrolables. Incluso, estudios (1) alertan que el cambio climático también aumenta las tormentas eléctricas, incrementando los incendios ocasionados por rayos. El fuego forma parte de los ecosistemas mediterráneos, sin embargo los incendios han cambiado, han evolucionado hacia episodios de alta intensidad, en los que los propios operativos en extinción alertan de que ya no pueden garantizar la seguridad.

España es uno de los países de la UE más afectados por los incendios. 2022 fue el peor de los últimos 28 años, ocurrieron 57 Grandes Incendios Forestales (GIF), responsables de más del 80 % de la superficie quemada (tan solo 57 de los 10.507 incendios en total). Se trata de incendios ingobernables, que escapan a la capacidad de los operativos. Un balance de 30.000 personas desalojadas, 4 fallecidas, 90 heridas, miles de hectáreas de alto valor ambiental afectadas, pérdidas de infraestructuras y de medios de vida de la población rural.  En 2023, en mayo antes del periodo estival y en la fecha de realización de este informe las cifras ya eran las peores de la década. Según últimas actualizaciones, se han quemado  62.794,64 hectáreas, con 16 GIF y 9.000 personas fueron evacuadas. Destacan los últimos grandes incendios en Pinofranqueado (Cáceres) con más de 10.000 hectáreas afectadas y el de Puntagorda (La Palma) con 3.162 hectáreas de las cuales 200 están en el Parque Nacional de Taburiente.

Ante esta situación, la prevención es la prioridad para evitar y mitigar los daños causados por los grandes incendios forestales. Y se da en dos claves: una de ellas es reduciendo las igniciones (la causa que origina el fuego) y la segunda es gestionando el paisaje por donde transcurre el fuego. Recordando que la progresión del fuego depende de la topografía, las condiciones meteorológicas y el combustible (la vegetación susceptible de arder). Las dos primeras no pueden modificarse, por lo tanto, contar con un paisaje gestionado es la clave.

El abandono del medio rural, entre otras causas, ha generado una mayor superficie forestal que sufre el aumento de sequías y olas de calor, lo que supone la desecación de la vegetación por pérdida de agua (evapotranspiración), y que la convierte en “combustible”, es decir alimento para el fuego. Para actuar con efectividad ante los incendios, la clave es la prevención y los recursos necesarios para esa gestión forestal.

“Es urgente priorizar la prevención en un contexto de emergencia climática ante incendios devastadores de los que nos advierten que no se puede garantizar la seguridad. La clave es la prevención, y la prevención significa gestión forestal, cumplimiento de la planificación y por supuesto recursos económicos y humanos necesarios para hacerlos efectivos”, dice Mónica Parrilla, responsable de la campaña de incendios de Greenpeace España.

Resultados y conclusiones del informe:

Para prevenir tiene que haber una coordinación estatal
El informe de Greenpeace pone en evidencia la dificultad de hacer esa coordinación a nivel por parte de las administraciones del Estado y autonómicas, el cumplimiento de la normativa debido a su disparidad, las dificultades de acceso a la información, la falta de claridad de las páginas web, discordancia entre la información publicada, la diversidad del nivel de planificación, la falta de claridad en el concepto de “planes de prevención” o la propia identificación de la persona responsable del trabajo técnico. Es urgente la coordinación entre el gobierno central y las CC.AA. y para ello, se hace imprescindible seguir avanzando de manera urgente en un marco de acción común a escala nacional, capaz de integrar a todos los agentes, públicos y privados implicados.

Para gestionar primero hay que ordenar
En España hay más de 28 millones de hectáreas forestales. Sólo un 27 % son de titularidad pública (2) y tan sólo un 54,8 % tienen planes de ordenación (primer paso para la gestión). Por ejemplo, la Comunidad de Madrid cuenta con mayor superficie forestal pública (un 16 %) y sin embargo, tan sólo presenta un 19,5 % de superficie ordenada.Por tanto, resulta fundamental que las administraciones públicas sean ejemplarizantes para abordar la ordenación de la superficie forestal privada que supone el 73 % del total y que casi el 86 % no dispone de planes de ordenación. Con ejemplos tan flagrantes como que Galicia tiene un 99 % de superficie forestal privada con un 23,1 % de superficie forestal privada ordenada o Canarias 80 % de superficie privada con 0 % ordenado.Sobre el porcentaje de superficie forestal que está gestionada de forma sostenible, elemento clave en prevención, actualmente no existe una estadística ni un acceso a la información forestal suficiente que permita una radiografía fidedigna y completa del estado de los montes españoles. Se dispone de datos de superficie forestal a nivel general por CCAA y datos de la superficie sujeta a planes de ordenación. Sin embargo, los datos de superficie gestionada (es decir que se haya dotado de presupuesto y ejecutado el programa) siguen siendo un misterio.

Para gestionar hay que tener presupuesto destinado
La investigación llevada a cabo por Greenpeace ha evidenciado que no existen datos normalizados para poder cuantificar qué cifra se invierte en gestión forestal frente al gasto de las administraciones en extinción forestal. La mayoría de los presupuestos consultados no dispone de epígrafes fácilmente reconocibles como «prevención de incendios forestales» Solo los datos de Galicia, Extremadura, Castilla la Mancha y Baleares disponen del grado suficiente de detalle para distinguir inversión en prevención y gasto en extinción. Para prevenir hay que cumplir la planificación preventiva y de extinciónEl informe recoge las respuestas de las CCAA sobre si se cumple la Ley de Montes, que obliga a contar con planes preventivos en las Zonas de Alto Riesgo (ZAR), así como la Directriz Básica de Protección Civil sobre los planes de emergencia local (3).La organización ha puesto el foco en Castilla y León, Galicia, Andalucía, Comunitat Valenciana y Canarias, comunidades autónomas con mayor superficie quemada por grandes incendios forestales en este siglo. De ellas, Castilla y León obtiene la peor clasificación, con una planificación muy deficiente. El cumplimiento de la planificación en materia de incendios forestales y políticas que aborden los problemas de despoblación debe ser una prioridad en esta comunidad actualmente con gran vulnerabilidad frente a incendios de alta intensidad.

Para prevenir hay que divulgar y tener acceso a la información
Una de las conclusiones que queda más patente es que la información clave no está disponible. Esto, en un contexto de emergencia climática, es un grave error y un síntoma claro de la necesidad de priorizar su elaboración y acceso para contribuir al reto de reducir el impacto de los incendios forestales. También queda evidente en la consulta directa (para obtener la información fuera del proceso de solicitud administrativa) que muchas administraciones adolecen de falta de recursos humanos para hacer frente a dichas solicitudes por priorizar el calendario preexistente de trabajos, circunstancias laborales o directamente gestionar incendios forestales. Greenpeace agradece y reconoce el esfuerzo añadido al personal técnico que ha facilitado información (4).

Para prevenir hay que concienciar y promover la autoprotección 
Los planes de autoprotección son una asignatura pendiente y son claves para generar comunidades activas que prevengan y ayuden a los servicios de extinción. En muchos de los casos consultados, la administración autonómica ni siquiera tiene constancia de la existencia de planes de escala municipal. Aunque la responsabilidad es de la persona, física o jurídica, titular de las instalaciones a las que el plan se refiera, las administraciones tienen la obligación de desarrollar programas de concienciación como marca la Ley 43/2003 de Montes.

Demandas de Greenpeace:

Al Gobierno central

Es fundamental definir las directrices y criterios comunes para la elaboración de los planes de prevención del Real Decreto urgente del año pasado (Ley 15/2022). También reforzar las competencias del Comité de Lucha contra los Incendios Forestales (CLIF) y mejorar el acceso a la información para fomentar una cultura forestal que tenga como pilares la transparencia y la participación de todos los actores sociales. Y prioritario dotar con recursos mediante un fondo presupuestario de apoyo a la prevención de incendios y gestión forestal, estimado en  alrededor de 1.000 millones €/año para gestionar el paisaje forestal a escala nacional (5).

A las Comunidades Autónomas

Las CCAA deben priorizar recursos para la ordenación y gestión de las masas forestales en titularidad pública, así como crear iniciativas para dinamizar al propietario privado.

Seguir avanzando de forma prioritaria en el cumplimiento de la planificación preventiva y de emergencias como marca la Ley de Montes y la Directriz Básica de Protección Civil (con un foco especial en la Región Noroeste, donde comunidades como Cantabria, Asturias y Castilla y León disponen de una planificación deficiente y muy deficiente).

“El análisis deja claro que los montes españoles siguen siendo  susceptibles a sufrir incendios de alta intensidad porque no se prioriza su gestión ni los presupuestos destinados. Se necesita una coordinación global para asegurar el cumplimiento de las CCAA, así como un fondo presupuestario destinado a la gestión de nuestros montes”, añade Mónica Parrilla.

Informe: “Grandes Incendios Forestales. Ante incendios de alta intensidad, la gestión forestal es urgente”

Mónica Parrilla | Greenpeace España