Más del 75% de la superficie de España está ya en riesgo de desertificación

Ante la celebración, mañana, 17 de junio, del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, Greenpeace y el Observatorio Ciudadano de la Sequía se unen para advertir de que los efectos del cambio climático sobre los riesgos de sequía (disminución de las precipitaciones por debajo de los niveles considerados como normales en un área determinada) y de desertificación (degradación de las tierras de zonas áridas y semiáridas causadas por las variaciones climáticas y las actividades humanas) son ya incuestionables.

Como reconoce el informe Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España (2021), elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se espera, por un lado, un aumento generalizado en la intensidad y magnitud de las sequías meteorológicas e hidrológicas bajo escenarios de cambio climático —debido, principalmente, al aumento de la evapotranspiración y a la reducción de las precipitaciones— y, por otro, una creciente aridez y un aumento del riesgo de desertificación. Dos fenómenos diferentes, pero íntimamente relacionados, con capacidad de generar importantes efectos adversos sobre la sociedad, la economía y los ecosistemas, que se agravarán en un futuro cercano como consecuencia del cambio climático y de la persistencia de un modelo de gestión insostenible de los recursos suelo y agua.

Los datos y previsiones globales y regionalizados sobre los efectos del cambio climático en España son claros y urgen, de forma inaplazable, a una acción decidida para paliar sus efectos:

Durante la segunda mitad del siglo XX se ha detectado ya una reducción de entre 10 y 20 % de los recursos hídricos disponibles en muchas cuencas de la Península Ibérica. Las estimaciones de reducción de escorrentía superficial, para el siglo XXI, siguen también en descenso. Los datos aportados por el CEDEX (2018), promediando los resultados obtenidos para los diferentes escenarios de emisiones, son del -3 % y -7 % para 2010-2040, del -11 % y -14 % para 2040-2070 y del -13 % y -24 % para 2070-2100, respectivamente.
La temperatura media del mar Mediterráneo se calienta entre dos y tres veces más que el conjunto de los océanos en el ámbito global. Su temperatura es ya 1,5ºC superior a los niveles preindustriales y las previsiones son aún más pesimistas: para el año 2040 se estima que el aumento de la temperatura se situará en 2,2ºC y para el 2100 en 3,8ºC.
Los datos de la AEMET revelan una clara tendencia, desde 1971, a temperaturas más extremas, tanto en valores promedio como en máximas y mínimas. Considerando la exposición a “exceso de calor” y “calor moderado” en España, se estima que la mortalidad ligada a estas causas oscilará entre 10.000 y 43.000 fallecimientos anuales a lo largo del siglo XXI.
La Agencia Europea de Medio Ambiente sitúa a España como uno de los países de la Unión Europea con mayor riesgo de incendios, fenómeno que se agrava en situaciones de sequía y en suelos desertificados.
Además, según el último Inventario de Daños Forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las masas forestales tienen más dificultad para reponerse de los daños que le causan las sequías, al ser estas cada vez más extremas, recurrentes y prolongadas.
Aproximadamente 32 millones de personas ya se han visto afectadas por el cambio climático en España, según los datos aportados por el Ministerio de Transición Energética y Reto Demográfico.
Actualmente el agua embalsada en España (15-06-2021) es del 58,34 %, estamos por debajo de los niveles del año 2019, año de la última sequía, en el que varias cuencas, como las del Duero, se declararon en sequía.

En la actualidad, con más del 75% del territorio español en riesgo de desertificación y el 70% de las demarcaciones hidrográficas españolas con niveles de estrés hídrico alto o severo —y ante los efectos del cambio climático sobre la distribución de las precipitaciones y el aumento en la intensidad de las sequías—, “resulta urgente realizar una transformación profunda de las estrategias de gestión del agua y de los modelos de ocupación del suelo, así como de los riesgos asociados a ellos, de forma que prime el principio de precaución y se impulsen políticas integradoras de adaptación y de ordenación del territorio, que superen intereses sectoriales y visiones cortoplacistas”, afirma Jesús Vargas, desde la Universidad Pablo de Olavide.

“Frente a los devastadores problemas asociados a la sequía y la desertificación, tenemos que frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Para ello hay que fortalecer el medio rural y cambiar el modo en que producimos nuestros alimentos y bienes de consumo. Así podremos evitar que nuestro país se convierta en un territorio desertificado en pocos años”, ha declarado Julio Barea, responsable de la campaña de aguas de Greenpeace.

Por ello, en el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, Greenpeace y el Observatorio Ciudadano de la Sequía hacen un llamamiento conjunto al Gobierno y a las diferentes administraciones autonómicas y locales para:

Realizar una revisión más ambiciosa de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para llegar a reducir las emisiones de CO2 en 2030, al menos, un 55% respecto a las de 1990 y alcanzar el cero neto en 2040, y acelerar el fin de los combustibles fósiles.
Modificar la política hidrológica para dar una respuesta decidida a los objetivos de la Directiva Marco del Agua, garantizar la calidad de las masas de agua, realizar una gestión conjunta de los recursos y de los riesgos hídricos e implicar activamente a la ciudadanía en la búsqueda de consensos sobre la gestión del recurso.
Mantener una postura rotunda e inequívoca frente a la sobreexplotación y la contaminación de los recursos hídricos y la proliferación de pozos ilegales.
Reconvertir el modelo agrícola predominante y frenar la expansión de la ganadería industrial, a través de la disminución de los regadíos intensivos y la cabaña ganadera en intensivo y el apoyo a la agricultura y la ganadería de base agroecológica y de pequeña escala, con principios de justicia social.
Garantizar una política forestal acorde con los niveles de aridez y la intensificación de las sequías que sufre España, que asegure la adaptación de los ecosistemas forestales a los nuevos escenarios de cambio climático, evite la proliferación de la urbanización en el espacio forestal y conciencie a la sociedad ante el riesgo que suponen los incendios.
Integrar de forma efectiva, y desde la perspectiva de la ordenación del territorio, los efectos del cambio climático en las diferentes políticas sectoriales: planificación hidrológica, política agraria, turismo, gestión litoral, desarrollo rural, urbanismo, salud, migraciones, etc., garantizando el equilibrio y la cohesión territorial.
Ampliar el conocimiento y la información sobre la vulnerabilidad a la desertificación y a la sequía en los diferentes territorios, así como sobre los impactos y las pérdidas que estos riesgos generan tanto en las poblaciones como en los ecosistemas.
Redirigir las estrategias de gestión del riesgo hacia la prevención, la mitigación y la adaptación, impulsando la elaboración de planes de adaptación al cambio climático que respondan a contextos específicos y garantizando el cumplimiento de la normativa existente, como la obligación de elaborar planes de emergencia por sequía para los abastecimientos urbanos.
Informar, educar e incluir a la ciudadanía en la gestión de los recursos y los riesgos, a través de campañas públicas, asambleas ciudadanas y procesos participativos más transparentes y efectivos que aseguren una gobernanza real de los riesgos. En El Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía nos invita a insistir en la urgencia de actuar frente al cambio climático. “La sociedad y la ciencia lo reclaman”, afirma Pilar Paneque, responsable del Observatorio Ciudadano de la Sequía, quien recuerda que “un estudio de percepción y comportamiento de la población española de 2020, realizado con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica, confirma que el 73,3 % de la población entiende que a este problema se le está dando menos importancia de la que tiene y suspende la política climática del Gobierno de España (4,48)”. Aprovechemos esta demanda social para acelerar y aumentar la ambición de una transición tan necesaria como urgente.