La reforma de la PAC que acabará con la PAC

La presentación por parte de la Comisión Europea de la propuesta de Reglamentos para la Política Agraria Común (PAC) más allá de 2020, supone un auténtico paso atrás en lo que a objetivos ambientales y sociales se refiere.

SEO/BirdLife y WWF España consideran que, de no introducirse mejoras de calado, esta política dará un paso definitivo hacia su desmantelamiento, al perder la escasa legitimidad que le quedaba y no garantizar la producción de alimentos a medio plazo.

La Comisión Europea acaba de presentar las normas que podrían regular la futura PAC. A pesar de que más de 250.000 europeos y decenas de organizaciones apoyaron la campaña LivingLand (Por un campo vivo), pidiendo ambición ambiental y social para la política que seguirá contando con la mayor parte del presupuesto de la UE, los nuevos reglamentos propuestos no recogen las reformas necesarias para asegurar la protección de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático, comprometiendo nuestra seguridad alimentaria. Al contrario, seguirá perpetuando un modelo injusto de distribución de los fondos públicos, que deja fuera del sistema a gran parte de los agricultores y ganaderos que no quieren convertir el campo en una fábrica.
Retroceso en objetivos ambientales

Entre las grandes debilidades detectadas, SEO/BirdLife y WWF señalan la desaparición del pago verde (greening) y, con ello, el 30% del presupuesto destinado a pagos directos para objetivos ambientales. Aunque restaba camino para garantizar su buen funcionamiento, el greening suponía un primer paso para vincular las ayudas a la provisión de bienes públicos. Ahora se sustituye por una pretendida condicionalidad mejorada, que aunque incluye algunas novedades considerables, como ciertos artículos de la Directiva Marco de Agua y de la de Uso Sostenible de Fitosanitarios, sigue careciendo de la ambición necesaria, tanto en el diseño de las “buenas prácticas agrarias” como en el sistema de controles y sanciones, para asegurar un uso sostenible de los recursos naturales. Si a esto le unimos el hecho de que el mayor recorte del presupuesto recae sobre el fondo de desarrollo rural, que es el que más potencial tiene para apoyar con medidas voluntarias a agricultores y ganaderos en la necesaria transición agroecológica, el montante disponible para medidas con objetivos ambientales se ve de nuevo claramente mermado, siendo totalmente insuficiente para la magnitud de los retos presentes. Esta falta de ambición ambiental y de protección del medio rural es aún más grave si se tiene en cuenta que esta política está financiada bajo la línea financiera dedicada a “Recursos naturales y medio ambiente” de los presupuestos europeos[1]
La propuesta permite, además, continuar con el llamado modelo histórico de las ayudas directas, algo que supone la concentración de las mismas (casi el 80%) en un menor número de beneficiarios (un 20%), normalmente grandes explotaciones o más productivas[2]. Se perpetúa así una de las principales causas de deslegitimación de la PAC, al ofrecer el mayor apoyo a las explotaciones que normalmente menos lo necesitan, dejando prácticamente fuera del sistema a agricultores y ganaderos en zonas Natura 2000, que generan sistemas de alto valor natural (como la ganadería extensiva) o a fincas ecológicas, entre otros.
Por otro lado, si la nueva PAC queda finalmente fuera del llamado Acuerdo de Asociación[3], se perderá también la oportunidad de asegurar una mínima coherencia en la aplicación de las diversas políticas europeas. Además, se desaprovechará el potencial que ofrece la condicionalidad ex-ante para asegurar la aplicación de normas clave en materia ambiental y quedará en el aire el cómo fortalecer una participación pública de calidad.

Una oportunidad perdida
SEO/BirdLife y WWF España consideran esta nueva reforma de la PAC como una oportunidad perdida, en la que el nuevo modelo prometido en realidad no ofrecerá los resultados demandados por los ciudadanos europeos. Ambas organizaciones proponen cambios de calado, como blindar el 50% del total del presupuesto de la PAC para objetivos ambientales (que garanticen el mantenimiento de la capacidad productiva a largo plazo), reforzar realmente la condicionalidad y su control para asegurar el cumplimiento del principio “quien contamina, paga” y establecer un nuevo modelo de pagos directos que apoye la generación de bienes públicos. De no ser así, se unirán a las voces que solicitan que se elimine el primer pilar de la PAC y que sus fondos se dediquen a políticas que realmente ofrecen un valor añadido a los contribuyentes en materia ambiental y social, a través de un pilar de desarrollo rural bien enfocado y otros instrumentos, como el fondo Life. De hecho, el pilar de desarrollo rural mantiene un 30% de su presupuesto que debe dedicarse a objetivos ambientales, e incluso se mejoran los criterios para asegurar el vínculo del gasto con estos objetivos, pero la reducción global del presupuesto de este pilar reduce su capacidad de impacto.
Ambas organizaciones esperan que el Parlamento Europeo esté esta vez a la altura de las circunstancias y abandere estas propuestas. Solicitan, además, al próximo ministerio de agricultura que se conforme y a las comunidades autónomas que participan en el Consejo Europeo de Agricultura, ambición y valentía en defensa de una nueva PAC que apoye la producción de alimentos sanos en ecosistemas sanos, y contra el status quo que sólo defiende el interés de unos pocos, sin avances significativos en materia de renta digna en el campo, relevo generacional o protección del medio ambiente, tal y como muestran diversos informes[4]. Por último, esperan que las organizaciones agrarias se sumen a estas peticiones, si realmente quieren una política moderna, que beneficie a aquellos agricultores y ganaderos que ya apuestan por la sostenibilidad, defendiendo de este modo el bien común y el futuro de la agricultura familiar y territorial.