Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF rechazan la autorización que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha concedido a la multinacional Repsol para buscar petróleo en aguas próximas a las islas Canarias. Aparte de lo cuestionable democráticamente que es imponer a un pueblo una decisión como ésta, consideran que el proceso para emitir dicha autorización ha sido notoriamente irregular. Por todo ello, las organizaciones ambientales recurrirán la decisión administrativa ante los tribunales españoles y europeos.
La tramitación del expediente ha estado plagada de falta de información y trabas burocráticas que han impedido que se conociera con claridad su contenido. Además, no se ha propiciado una verdadera y transparente participación en el proceso. Ejemplo de ello es la nueva y abundante documentación aportada al expediente por Repsol, que fue recibida por las ONG ecologistas el pasado 10 de julio, sin tiempo siquiera para ser analizada.
Como acto final, y después de haberse conocido por la prensa, el Ministerio ni siquiera ha considerado el último trámite de alegaciones de las partes interesadas, lo que indica que tenía redactada la autorización a las prospecciones antes de abrirse el plazo para recibirlas.
Las declaraciones de los principales responsables del Ministerio de Industria siempre han ido dirigidas a apoyar los intereses de la multinacional Repsol, y en contra de los intereses generales, de la opinión científica y de la voluntad del pueblo y las instituciones canarias. Hay que recordar que la oposición ciudadana a este proyecto ha sido muy contundente y clara. El pasado 7 de junio, por ejemplo, según diversas fuentes, más 200.000 personas salieron a las calles de Canarias para mostrar su rechazo a este proyecto.
Los ecologistas vienen denunciando desde hace meses que el proyecto recién autorizado por el Gobierno de España a la multinacional Repsol ignora información científica crucial sobre los valores naturales del área, entre los que destaca su importancia mundial para los cetáceos. La empresa ha minimizado los impactos que tendría sobre el resto de la fauna y ecosistemas marinos, así como sobre sectores de gran importancia social y económica en el ámbito insular, como la pesca o el turismo, muy dependientes de la calidad de las aguas y costas e incluso del propio abastecimiento de agua potable para la población de las islas orientales que depende directamente de la desalinización del agua del mar.
Además, buscar nuevos hidrocarburos no es el camino para reducir nuestra demanda energética, sino que la solución pasa por apostar por la eficiencia, el ahorro y las energías renovables, de las que España era líder mundial. Esto es lo que realmente nos dará la independencia energética y nos permitirá luchar contra el cambio climático. Nuestro Gobierno deja pasar la oportunidad de elegir el camino de la sostenibilidad y se vuelca en favorecer los intereses particulares de las grandes empresas energéticas en contra de los generales de la ciudadanía.
Anxela Iglesias | Ecologistas en Acción