Los compromisos actuales de los estados conducen al mundo a una catástrofe climática, según Greenpeace

Greenpeace valora con extrema preocupación los datos del Informe de Síntesis de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que recoge las Contribuciones Nacionales (NDC por sus siglas en inglés), es decir, los compromisos que cada país ha presentado en su lucha contra el cambio climático. La suma de las contribuciones de todos los estados deja al mundo indefenso ante la emergencia climática, ya que no alcanzan ni remotamente a la reducción de emisiones que la comunidad científica ha identificado como necesaria para evitar un calentamiento global de 1,5 ºC.

Jennifer Morgan, directora ejecutiva de Greenpeace International, ha señalado que “el Informe de Síntesis de Naciones Unidas nos dice una cosa: en este momento, los Gobiernos están incumpliendo el Acuerdo de París, lo que significa que nos dirigimos hacia una catástrofe climática. Los países deben trabajar juntos para dar prioridad a las personas y al planeta sobre los intereses de los combustibles fósiles”.

“Los actuales compromisos de reducción de emisiones de CO2 son catastróficos. A día de hoy, los compromisos colectivos de los Gobiernos son inadecuados, con solo una reducción del 1% de las emisiones para 2030, muy lejos de lo necesario para alcanzar el objetivo del 1,5ºC. Los Gobiernos no pueden ignorar el rápido estado de deterioro del planeta, deben recordar las promesas que hicieron en París y presentar unos compromisos de reducción mucho mayores; aún no es demasiado tarde para arreglar nuestro futuro”.

“Las promesas incumplidas del Acuerdo de París muestran que estamos en un sistema multilateral que es rehén de los intereses de los combustibles fósiles, lo que obstaculiza la acción climática y pone en riesgo nuestro futuro. Si bien los Gobiernos deben regular adecuadamente a los grandes contaminadores, la industria tiene que aceptar que la era de los combustibles fósiles ha llegado a su fin”.

“Exigimos a los mayores emisores del mundo, Estados Unidos y China, que presenten compromisos de reducción de emisiones el próximo mes que nos den motivos de esperanza. Australia y Brasil, ambos arrasados por los incendios derivados de los efectos de la emergencia climática, deben controlar respectivamente los intereses de los combustibles fósiles y la agricultura industrial, mientras trabajan para crear un futuro justo y seguro para sus ciudadanos y protegen la valiosa biodiversidad que albergan”.

Europa y España

La Unión Europea (UE) anunció el pasado mes de diciembre el aumento de su compromiso de reducción de las emisiones netas para el año 2030 hasta el 55% respecto a 1990, una cifra que sigue siendo insuficiente, puesto que su compromiso debería llegar al menos al 65% de las emisiones totales para que la UE haga la contribución que le correspondería, dadas sus capacidades y responsabilidad histórica, para cumplir el objetivo del Acuerdo de París. Las próximas semanas serán decisivas, ya que se esperan las negociaciones entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo Europeo con el objetivo de aprobar la futura ley comunitaria contra el cambio climático.

Para que esta norma sea efectiva debe asegurar el fin de todas las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles e incluir en su objetivo de reducción de emisiones para 2030 al sector de la aviación y el marítimo y excluir la “eliminación de las emisiones con los sumideros”. Además, es necesario crear un organismo científico independiente que se base en las recomendaciones del panel experto de Naciones Unidas para el Cambio Climático (IPCC) para asesorar sobre los presupuestos de emisiones de la UE.

España, por su parte, arrastra décadas de aumento de emisiones sin apenas asumir compromisos de reducción. El actual Gobierno tiene la oportunidad de corregir ese déficit histórico, pero los objetivos que ha reflejado hasta ahora en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, así como en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, solo harían reducir las emisiones españolas un 23% en 2030 respecto a 1990, muy lejos del 55% que, como mínimo, debería asumir como contribución al esfuerzo global.

“España también tiene la responsabilidad, la capacidad, la convicción, la oportunidad y la voluntad de la mayoría de la ciudadanía para ser mucho más ambiciosa. El Parlamento tiene en estos momentos en sus manos una ley de cambio climático que puede y debe mejorarse; el Gobierno debe empujar en esa dirección porque cuenta con los recursos económicos procedentes de los fondos europeos que le van a permitir aprovechar esta oportunidad histórica, darle la vuelta al sistema e invertir en el futuro del país”, ha señalado José Luis García, coordinador del área de Cambio Climático de Greenpeace España.