- El número de focos de incendios se ha reducido solo un 8% en comparación con el mismo período del año pasado
- En relación a la responsabilidad del sector cárnico en el aumento de los incendios en la Amazonía, Greenpeace solicitó este mismo verano al Banco Santander que deje de financiar al sector ganadero en el país
Un mes después de que el Gobierno brasileño anunciara una “moratoria” de 120 días prohibiendo los incendios en la Amazonía y tres meses desde que enviara el Ejército para prevenirlos, la región sigue registrando un elevado número de incendios: entre el 16 de julio y el 15 de agosto, se registraron 20.473 focos de calor, indicadores de la actividad incendiaria. Solo en las dos primeras semanas de agosto, hubo más de 15.000 incendios. [1]
“Las cifras de incendios muestran que prohibir los incendios no funciona. Es esencial que el Gobierno restituya la capacidad de vigilancia y devuelva sus competencias y presupuesto a las agencias especializadas en frenar la destrucción ambiental. Pero la Administración de Bolsonaro sigue en su proceso de desmantelar sistemáticamente la protección ambiental y socavar el trabajo de estas agencias”, ha señalado Cristiane Mazzetti, responsable de la campaña de Amazonas en Greenpeace Brasil. “El intento de Bolsonaro de maquillar sus políticas enviando tropas a la Amazonía, además de un alto coste económico, ha supuesto un rotundo fracaso y no evitará que se repita la situación de 2019 cuando la región vivió un desastre ambiental provocado por los incendios de la selva”.
Entre el 16 de julio y el 15 de agosto, el número de focos de incendios detectados por los satélites en la Amazonía se redujo solo un 8% en comparación con el mismo período del año pasado (22.250 en 2019 frente a 20.473 en 2020). Este año, pese a la prohibición del uso del fuego y a las fuerzas militares desplegadas en la región desde mediados de mayo, los incendios aún están fuera de control. En el mismo período de 2019, no había tropas para evitar las quemas ni una moratoria de incendios en vigor, lo que evidencia la ineficacia de esta estrategia.
“Los incendios en la selva amazónica no ocurren de forma natural; son provocados deliberadamente por terratenientes y ganaderos para expandir la tierra utilizada para el pastoreo de ganado y la producción agrícola industrial, como parte de una práctica que se ha visto agravada por la agenda antiambiental de Bolsonaro”, ha asegurado Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de Bosques de Greenpeace España.
Es especialmente preocupante que los incendios estén ocurriendo cada vez más en tierras indígenas, un aumento del 8% en comparación con el mismo período del año pasado. La tierra indígena Munduruku es donde el sistema de detección encontró la mayor cantidad de focos de calor, 160, un aumento del 78% con respecto al año pasado. Además, 4.115 focos afectaron a Unidades de Conservación, un aumento del 7% respecto al mismo período del año pasado. [1]
El año 2019 fue testigo de una devastadora ola de incendios simultáneos y coordinados que arrasó la Amazonía brasileña durante dos días (10 y 11 de agosto) y a la que se ha denominado en el país ‘Día del Fuego’. Casi la mitad de los incendios registrados en esos dos días tuvieron lugar dentro de explotaciones ganaderas, pero la mayor parte de los ganaderos vinculados con estos incendios no han sido llevados a juicio hasta la fecha. Los incendios en el Amazonas en agosto de 2019 fueron los peores desde 2010. [2]
La temporada de incendios agrava la actual crisis sanitaria, ya que el humo y el hollín de los incendios provocan y agravan las enfermedades respiratorias. “Brasil ya demostró en el pasado que es posible disminuir sustancialmente la deforestación y los incendios, implementando políticas adecuadas de gobernanza y demarcación de las tierras de los pueblos indígenas. Es una cuestión de voluntad política, pero Bolsonaro ha ignorado esas vías. En lugar de combatir las conductas delictivas y proteger a los guardianes de los bosques este Gobierno sigue reduciendo la protección ambiental y aliándose con quienes quieren destruir el bosque”, ha aseverado Mazzetti.
La explotación de la naturaleza y las personas es una de las principales causas de las actuales crisis de salud, clima y biodiversidad. Greenpeace exige a los gobiernos y las empresas que pongan fin a los negocios con los destructores de bosques, reduzcan drásticamente la carne y los lácteos y alineen el comercio para respaldar economías resilientes que anteponen la naturaleza y las personas.
En relación a la responsabilidad del sector cárnico en el aumento de los incendios en la Amazonia, Greenpeace España solicitó este mismo verano al Banco Santander que deje de financiar al sector ganadero que está detrás de este problema. Según el informe elaborado conjuntamente por Amazon Watch y APIB y publicado en 2019 (3), el Banco Santander es una de las entidades financieras que sostienen (con inversiones estimadas en 1.600 millones de dólares) a las tres mayores productoras de carne de Brasil: JBS, Marfrig y Minerva. Este mismo mes de agosto, el fondo Nordea Group, el grupo de servicios financieros más grande del norte de Europa, canceló su participación con el gigante cárnico JBS debido a la falta de respuesta de la empresa a los retos ambientales derivados de su actividad (4).
“La actual política de permisividad del Banco Santander con sus clientes implicados en la deforestación no puede seguir por más tiempo”, ha declarado Soto. “Los responsables del Santander tienen que establecer una política de deforestación cero y romper relaciones con las empresas cárnicas implicadas en escenarios de destrucción ambiental y violación de los derechos humanos”.
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