Más de 400 organizaciones de la sociedad civil de 12 países europeos han pedido a los ministros comunitarios que defiendan un cambio radical en la PAC post-2020 para que contribuya al Pacto Verde Europeo, de modo que proteja a las personas que viven y trabajan en el medio rural y que cuide el clima, la biodiversidad y los recursos naturales de los que depende la propia agricultura y la seguridad alimentaria. De lo contrario, las organizaciones advierten que está en riesgo la legitimidad social de una política que representa el 30% del próximo presupuesto comunitario.
En medio del debate sobre las iniciativas de reconstrucción europeas y la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), los ministros de la UE se reunirán desde este domingo en Koblenz (Alemania) para una reunión informal del Consejo de Agricultura (AGRIFISH). De las decisiones que se tomen hasta diciembre durante la presidencia alemana del Consejo de la UE dependerá que la PAC, una política crucial para afrontar desafíos ambientales y sociales, contribuya a una reconstrucción verde y justa de Europa.
En una carta, 402 organizaciones de productores agroecológicos, consumidores, nutricionistas, o ecologistas, agrupadas en coaliciones nacionales como la española Por Otra PAC, señalan que la PAC está rota: no está contribuyendo a generar medios de vida justos para agricultores o ganaderas, a mejorar el acceso a la tierra o el relevo generacional, ni impulsando el cambio hacia dietas sanas y sostenibles.
Según recogen los informes del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, la PAC actual no está contribuyendo a paliar crisis ambientales como la pérdida de biodiversidad o el cambio climático, y también ha abandonado las fincas de mayor valor social y ambiental, como las agroecológicas o las de Red Natura 2000, claves en nuestro territorio.
Entre sus peticiones, reclaman que la PAC esté realmente en línea con el Pacto Verde Europeo, particularmente con los objetivos de las Estrategias de Biodiversidad y de la Granja a la Mesa. “Proteger y restaurar los ecosistemas y recursos naturales de los que dependen la agricultura y la ganadería es el único modo de asegurar nuestra capacidad de producir alimentos a largo plazo”, asegura el portavoz de Por Otra PAC, Fernando Viñegla.
Para las organizaciones de la sociedad civil, es vital impulsar una mayor ambición en la condicionalidad de la PAC, para que dejen de regarse con miles de millones de dinero público a las producciones más intensivas y contaminantes.
En ese sentido, reclaman que se debe avanzar hacia el principio de “dinero público para bienes y servicios públicos”, cambiando el foco para que las ayudas sirvan a los agricultores a adaptarse a la transición agroecológica, y mejorando al mismo tiempo la viabilidad económica de las fincas.
A nivel nacional, están en discusión los Planes Estratégicos de la PAC (PEPAC), que deben definir cómo orientará cada país los fondos comunitarios, adaptando los objetivos marcados por la Comisión Europea a las realidades nacionales. En su carta, las organizaciones reclaman transparencia y participación real y efectiva de la sociedad civil en este proceso. Según el calendario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el borrador del PEPAC español estará listo alrededor de abril de 2021.
“Mientras los campos y los pueblos se vacían de vida, y cada día hay agricultoras y ganaderos en Europa que tienen que tirar la toalla, los responsables políticos no pueden conformarse con retoques cosméticos de una política que representa el 30% del presupuesto comunitario”, añade Fernando Viñegla.
“No podemos permitirnos que la Política Agraria Común siga hipotecando el futuro de quienes viven y trabajan en el medio rural, y maltratando los recursos naturales y ecosistemas de los que depende nuestra seguridad alimentaria”, concluye.
Guillermo Prudencio