El pasado sábado día 7 de noviembre de 2015 tuvo lugar una reunión con los principales representantes del movimiento antinuclear de la península ibérica, incluyendo Portugal. A lo largo de la jornada, los más de 50 asistentes debatieron sobre los diferentes impactos que conllevaría el alargamiento de la vida de las nucleares y acordaron solicitar al Gobierno el cierre escalonado de las centrales nucleares españolas y pedir a los partidos políticos un compromiso con un calendario de cierre para las elecciones del 20 de diciembre. Al final de la jornada se acordó mantener este espacio de coordinación de forma estable con el nombre de Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA).
El MIA solicitará que no se concedan nuevos permisos de explotación a las centrales nucleares una vez expiren los que tienen concedidos actualmente. Así, la última central en cerrar será la de Trillo en Guadalajara en 2024. Este lapso temporal permite que las centrales estén amortizadas tras su cierre, lo que habrá posibilitado a sus explotadores recuperar su inversiones y evita que puedan reclamar por ello. También evita que los operadores puedan recurrir legalmente al no tener ningún permiso vigente y permite que una parte de los enormes beneficios de la venta del kWh nuclear en el actual mercado eléctrico español se inviertan en las zonas donde han funcionado las nucleares para paliar el efecto de su cierre en las economías locales.
Los principales argumentos que se esgrimen para pedir que no se prolongue la vida útil son la degradación de la seguridad de las centrales según envejecen, en particular por el problema de la corrosión y por el envejecimiento de los diferentes sistemas de control y de seguridad, así como de los residuos radioactivos. Los activistas antinucleares también mostraron su preocupación por la economía de las comarcas donde se han ubicado las centrales, que han visto como estas instalaciones expulsaban a otras actividades y negocios, condenando así a las zonas nucleares a un “monocultivo” económico. Los procesos de desmantelamiento servirán para mantener los puestos de trabajo mientras todavía están llegando las compensaciones de ENRESA (Empresa Nacional de Residuos Radiocativos) por mantener los residuos.
El MIA hará público próximamente un documento donde establecerá su plan de calendario de cierre y mostrará sus argumentos en detalle.
Roberto Herreros | Prensa Ecologistas en Acción