Greenpeace rechaza categóricamente la nueva ley de regadíos que previsiblemente adoptará mañana la Junta de Andalucía al considerar que indulta décadas de robo sistemático de agua en el Parque Nacional de Doñana y alienta nuevos saqueos. En un contexto de sequía galopante, esta norma es especialmente grave porque amenaza la supervivencia de Doñana, uno de los espacios naturales más emblemáticos de Europa, y castiga a los regantes que sí han estado cumpliendo la ley. Para la organización ecologista, se trata de un insulto a la evidencia científica, que abre las puertas a sanciones millonarias desde Bruselas e ignora la necesidad de repensar el modelo agroalimentario para ajustar la demanda a la disponibilidad real de agua y a los caudales ecológicos.