Organizaciones ambientalistas reclaman al Gobierno la retirada definitiva de la tramitación ambiental exprés de las renovables

Los proyectos de energías renovables que presenten la solicitud de autorización administrativa después del próximo 31 de diciembre ya no podrán optar al mecanismo de Determinación de Afección Ambiental, también conocido como “tramitación ambiental exprés”, que caduca. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF piden al Ejecutivo que retire definitivamente esta medida que acorta y excluye a la ciudadanía de la evaluación ambiental en el necesario despliegue de las energías renovables.

Las organizaciones temen que el Ejecutivo quiera prorrogar este mecanismo para responder al reciente requerimiento de la Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva Europea de Renovables en materia de agilización de la tramitación de las renovables. En este caso, una ampliación de la tramitación ambiental exprés, más allá del próximo 31 de diciembre, sería un grave error, según WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigas de la Tierra.

Las organizaciones recuerdan que la misma Directiva de Renovables, que entró en vigor después de la tramitación ambiental exprés, limita la aplicación de mecanismos de tramitación rápidos (fast track) como este para las “zonas de aceleración”, previa Evaluación Ambiental Estratégica y presentación de un plan de mitigación de potenciales afecciones a la biodiversidad. Por otro lado, la misma directiva prohíbe suprimir la participación pública en los mecanismos de tramitación rápida.

Por lo tanto, una ampliación del plazo para que los promotores puedan optar a la tramitación ambiental exprés representaría un nuevo incumplimiento de la misma directiva.

Por esta razón, las organizaciones piden al Gobierno que ponga en marcha urgentemente alternativas para agilizar la transición que no lleven a perder las garantías ambientales y la participación ciudadana en el desarrollo de las energías renovables. Hay opciones como la digitalización de los trámites, creación de ventanillas únicas, mejora de la coordinación entre Administraciones y una ordenación territorial para el despliegue de las renovables que excluya las zonas protegidas y de alta sensibilidad ambiental. Todas estas medidas son obligatorias en cumplimiento de la Directiva de Renovables y, sin embargo, no están siendo puestas en marcha en España, a pesar de que el plazo para ello caducó en julio de 2024.

Las organizaciones ecologistas comparten la necesidad de agilizar los trámites para las renovables, pero los mecanismos que acortan las garantías ambientales y eliminan la participación pública responden más a los intereses de determinadas empresas que a los generales y fomentan el rechazo social que acaba generando retrasos, el efecto contrario que se buscaba con la norma. Del mismo modo, señalan que esta agilización debería ser posible dotando de mayores recursos y personal para la tramitación de los permisos, además de garantizar que las evaluaciones sean lo más rigurosas y precisas para que no fallen en el objetivo de prevenir los impactos ambientales y sociales.

Además, piden sustituir esta tramitación ambiental por mecanismos de aceleración que incluyan la participación ciudadana y que impulsen los proyectos en zonas antropizadas (puertos, carreteras, aparcamientos, polígonos, vertederos o antiguas minas entre otros), zonas urbanas, industriales, urbanizables, de baja sensibilidad ambiental, tejados, infraestructuras existentes y a través de comunidades energéticas.

Los grupos ecologistas afirman que nada justifica la eliminación de la participación pública, ni siquiera en las zonas de baja sensibilidad ambiental. Mucho menos transformar, de facto, todo el territorio no protegido en zonas de aceleración sin tan siquiera haber realizado una Evaluación Ambiental Estratégica previa, tal y como obliga la Revisión de la Directiva Europea de Renovables.

WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigas de la Tierra comparten la necesidad de sustituir de forma urgente las energías fósiles y nucleares por renovables, además de una reducción del consumo y una mejora de la eficiencia energética, y recuerdan que la senda de cómo hacerlo es clara: dotar de mayores recursos a los departamentos que se encargan de la evaluación ambiental y la ordenación y zonificación territorial y planificar un despliegue ordenado y vinculante que priorice los proyectos más cercanos a donde se consume; esto es, facilitar el desarrollo de renovables en zonas de baja sensibilidad ambiental priorizando las zonas degradadas (por ejemplo, las fuertemente antropizadas, las industriales, las ocupadas por infraestructuras, etc.), y, como ya había decidido el Gobierno en junio de 2022, sobre aquellas zonas que se han identificado como de bajo impacto ambiental.

Aplicación de la tramitación ambiental exprés desde su entrada en vigor

El mecanismo de determinación de afección ambiental es conocido como “tramitación ambiental exprés”. En 2022, el Gobierno español estableció, de facto, unas zonas de aceleración para las energías renovables en las que se relajan las garantías ambientales dando sólo dos meses al funcionariado para resolver una Declaración de Impacto Ambiental (en caso de que el proyecto sea admitido a pasar por la vía rápida) y se suprime la participación pública en el trámite ambiental.

Es necesario distinguir entre dos versiones de la tramitación ambiental exprés: la “limitada” y la “sin límites”. El 31 de marzo de 2022, el Gobierno empezó limitando este proceso rápido sólo a zonas de baja y media sensibilidad ambiental y potencias inferiores a 75 MW para eólica y a 150 MW para fotovoltaica (“limitada” – RDL 6/2022). La sociedad se opuso y se consiguió limitar a las zonas de baja sensibilidad. Lamentablemente, no se consiguió reintroducir la participación pública.

Sin embargo, el 29 de diciembre de 2022, bajo presión por encontrar soluciones ante el encarecimiento de la vida como consecuencia de la dependencia del gas, el Gobierno transformó, de facto, todo el territorio español en un área de aceleración para las renovables (a excepción de la Red Natura 2000 y del mar), independientemente del tamaño de las instalaciones (“sin límites” – RDL 20/2022). Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, junto a muchas otras organizaciones, se opusieron a esta decisión.

Hasta 277 proyectos han solicitado la tramitación ambiental exprés entre su primera entrada en vigor el 31 de marzo de 2022 (RDL 6/2022) y la actualidad. De estos, 65 se han evaluado ambientalmente por la vía rápida, otros 74 han sido derivados a la evaluación ambiental ordinaria, 64 no han sido admitidos a la tramitación exprés por incumplimiento de los requisitos legales, en 44 casos las empresas han desistido de este procedimiento y en otros 4 no hay información disponible sobre el sentido de la resolución. Los 26 casos restantes están aún en fase de solicitud.

Sin embargo, el interés de la misma industria renovable está bajando, ya que en 2024 tan solo 66 proyectos han optado por la tramitación ambiental exprés respecto a los 128 solicitados en 2022 y los 83 de 2023.

Los 33 meses de tramitación ambiental exprés han demostrado que la participación ciudadana no es la responsable de los retrasos en la tramitación de las plantas renovables. De hecho, tan sólo se han evaluado por la vía exprés 3,5 proyectos al mes, muy lejos de la agilización masiva prometida por el Ejecutivo.