Para evitar más impactos negativos es necesario cambiar de modelo energético

La decisión del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de permitir una mayor explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní tendrá graves impactos para las poblaciones indígenas, el clima y sobre la biodiversidad. Por ello, Ecologistas en Acción y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) se solidarizan con las demandas de los movimientos sociales de Ecuador y del mundo que defienden la Iniciativa Yasuní-ITT y plantean alternativas al extractivismo así como la convocatoria de una consulta popular vinculante en Ecuador para decidir sobre este tema de enorme transcendencia.

La Iniciativa Yasuní-ITT (siglas que corresponden a los campos petroleros de Ishpingo Tiputini Tambococha) apuesta por dejar el petróleo en el subsuelo y conservar uno de los parques nacionales con mayor diversidad biológica ubicado en la Amazonía ecuatoriana. Exigía además una reparación por daños ecológicos a los países más contaminantes por valor de 2.700 millones de euros para evitar así la emisión de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera.

El Gobierno español y a la Unión Europea no han respaldado de manera decidida la iniciativa Yasuní-ITT, que podría haber permitido avanzar hacia la reparación de la deuda ecológica. Las sociedades industrializadas siguen en deuda con sociedades como la ecuatoriana, por la extracción y el consumo histórico de productos petrolíferos y las emisiones de gases de efecto invernadero que han provocado el cambio climático. El modelo energético de países como España causa sistemáticamente la violación de derechos humanos de poblaciones locales y la destrucción de infinitos lugares con alto valor ecológico en muchos países. Lo que ocurra en la selva del Yasuní no solo afecta a un país o una región, sino al conjunto del planeta, por lo que es necesario tomar decisiones a nivel global.

El caso Yasuní permite el debate sobre muchos problemas vinculados a la extracción de combustibles fósiles. Por ejemplo, dentro del área hay todavía pueblos indígenas que siguen decididos a mantener su aislamiento. Según los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cualquier gobierno y empresa están obligados a consultar a las poblaciones locales si autorizan cualquier megaproyecto extractivo en su territorio. También el Gobierno ecuatoriano está llamado a cumplir estas leyes internacionales.

Rafael Correa debe aprovechar esta oportunidad para demostrar que hay otras formas de hacer política, situando a Ecuador entre los países del mundo que deciden no explotar sus reservas petrolíferas con el fin de transitar hacia otros modelos económicos.

La Asamblea Nacional de Ecuador, en aplicación al Art. 407 de su Constitución y considerando que se ha pronunciado en dos ocasiones en contra de la explotación del crudo del ITT, también debería responder en derecho con la protección de la naturaleza y de los pueblos en aislamiento voluntario. Debería impulsar una consulta popular, porque un 92,7% de la población apoyaba la iniciativa de mantener el petróleo bajo tierra, según una encuesta realizada en junio del 2013.

En Ecuador existe una larga historia de daños gravísimos causados por diversas empresas del sector petrolero. En el caso del Parque Yasuní, Repsol opera en el Bloque 16, en medio de una Reserva de la Biosfera, provocando destrucción y contaminación. Ecologistas en Acción y el Observatorio de la Deuda en la Globalización aprovechan la ocasión para reiterar la demanda internacional que la empresa Repsol sea juzgada por múltiples violaciones a los derechos humanos y destrucción ambiental en el Parque Yasuní y que abandone la actividad extractiva en la zona y en toda la Amazonía.

Ecologistas en Acción y el Observatorio de la Deuda en la Globalización seguirán reclamando una transformación socio-ecológica justa demandando que dos tercios de las reservas mundiales de combustibles fósiles se dejen bajo la tierra y el fondo del océano para prevenir niveles catastróficos de cambio climático. Asimismo se debe prohibir las nuevas exploraciones y explotaciones de petróleo, arenas bituminosas, gas no convencional, carbón, uranio y gas natural, lo que implicaría la prohibición del fracking en España. En su lugar se debería invertir en el cambio del modelo y en fuentes renovables de energía como defiende la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, referente importante de las luchas energéticas en el Estado español.

Abel Esteban | Ecologistas en Acción