En el Día de la Tierra, 22 de abril, Amigos de la Tierra reclama al Gobierno una Ley de Residuos y suelos contaminados transformadora que responda a la alarmante situación de los residuos en el Estado. A su vez recalca que el problema de los residuos es un síntoma más de la emergencia eco-social en la que estamos inmersos, por lo que reclama medidas efectivas que pongan fin a la gestión nefasta que se ha hecho de los mismos a lo largo de todos estos años.
España está a la cola de la gestión de residuos en Europa, tanto en reciclaje, como en la separación en origen de los residuos, el tratamiento de la materia orgánica, o en la promoción de la reutilización y la reparación. Es ahora, con la nueva Ley de Residuos y con el Real Decreto de Envases, que el Gobierno tiene la oportunidad de dar un giro radical a unas políticas caducas que obstaculizan la transición ecológica.
El tratamiento de vertido e incineración de los residuos municipales, cuya gestión en el Estado español alcanzó en 2019 la emisión de casi 15 millones de toneladas de CO2 equivalente, sigue representando el destino principal de millones de toneladas de residuos que se generan cada año, con un fuerte impacto sobre los ecosistemas, la salud de las personas y la situación de emergencia climática (1). Además, este escenario sitúa a España en un claro incumplimiento de los objetivos marcados por la Unión Europea. Así, Amigos de la Tierra y otras 15 organizaciones de la sociedad civil demandaron a España ante la Comisión Europea por no alcanzar el 50% de reutilización y reciclado en 2020, uno de los objetivos fijados por la UE (2).
La ley de Residuos debe priorizar la prevención con medidas concretas encaminadas a evitar que los recursos se conviertan en residuos. Combatir la obsolescencia programada, reducir de forma radical la cantidad y la toxicidad de los plásticos o facilitar la reparación y reutilización de los productos son algunas de las medidas transformadoras que están ausentes en los borradores de la futura ley.
El nuevo marco debe también desplegar todo el potencial de la materia orgánica en la protección de los suelos y en la lucha contra el cambio climático. Para ello, se deben fomentar sistemas de recogida más eficientes como el puerta a puerta, y modelos de tratamiento descentralizados, como el compostaje doméstico y comunitario.
Amigos de la Tierra señala a su vez que el cambio indispensable del actual modelo basado en el “usar y tirar” hacia una verdadera “economía circular” requiere responsabilizar a las empresas, que son quienes inundan el mercado con productos de vida útil muy corta y productos que no se pueden reutilizar o reciclar. De esta forma, la ley debe establecer requisitos de ecodiseño y obligar a éstas a hacerse cargo de los residuos que han generado con sus productos.
Por ejemplo, simplemente limpiar ciudades y pueblos de envases de un solo uso abandonados cuesta a las personas contribuyentes entre 496 y 744 millones de euros al año (3). Hasta 529 millones de euros están asociados a los envases de bebidas, que podrían reducirse hasta un 80% con la implantación de un sistema de depósito.
Adriana Espinosa, responsable de Recursos naturales y residuos en Amigos de la Tierra denuncia que “la industria, quien se beneficia del actual modelo lineal, lleva años presionando para evitar cualquier modificación en los sistemas de gestión de residuos, tal y como están haciendo ahora para lograr una normativa a su favor”.
En este contexto, con la reforma de la Ley de Residuos, el Gobierno tiene ante sí una decisión clave: seguir apuntalando un sistema con beneficios para unos pocos y graves perjuicios ambientales y sociales o impulsar la construcción de un modelo con la gente y la Tierra en el centro de las decisiones. Es hora de avanzar hacia una transición ecológica justa y real.
Teresa Rodríguez Pierrard | Amigos de la Tierra