Vía libre para la ocupación del 75% de la costa

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, en la actualidad el 75% de la costa está urbanizada o declarada urbanizable. Con la disposición transitoria primera del Proyecto de Ley, que se encuentra en el Senado, se facilita la culminación de la ocupación de este porcentaje de litoral. Y es que se contempla la posibilidad de que los ayuntamientos soliciten desarrollos urbanísticos de la Zonas de Servidumbre de Protección en sus últimos 80 metros. Ecologistas en Acción alerta de que así se dejaría la costa desnuda ante los temporales, lo que aumentará el riesgo de inundaciones en épocas de gota fría y crecidas de la mar.

La Zona de Servidumbre de Protección se establece debido a lo cambiante de la morfología costera, que necesita suficiente espacio para el balance sedimentario y evitar la erosión litoral. Cabe recordar que la ocupación costera alcanza al 90% de la costa, según reconoce el propio Ministerio de Medio Ambiente, y la lucha contra la erosión de la costa supone el 60% del presupuesto de la Dirección General de Costas, lo que se tradujo en 150 millones de euros en 2012 y 230 millones el año previo.

Las Zonas de Servidumbre de Protección se podrían ver afectadas y saturadas de viviendas a tan solo 20 metros de la playa. Esto será así por las posibilidades incluidas en el Proyecto de Ley y algunas enmiendas del grupo Parlamentario Popular:

– Se dispone a facilitar la ocupación de la costa en torno a los paseos marítimos, facilitando otra nueva oleada de edificación en la costa, ya que el Proyecto de Ley prevé desafectar los territorios que quedan al interior de los paseos marítimos. La Disposición adicional tercera reza así: “La línea exterior de los paseos marítimos construidos por la Administración General del Estado o por otras Administraciones públicas […] se entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar”.

– La disposición transitoria primera prevé la disminución de la Zona de Servidumbre de Protección para municipios con un tercio de ocupación, lo que incluye el 75% de la costa. El texto debatido actualmente en el Senado permite que, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la nueva Ley, se aplique igualmente a los núcleos o áreas que, a su entrada en vigor, no estuvieran clasificados como suelo urbano pero que, en ese momento, reunieran alguno de los siguientes requisitos: a) que contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. Y b) que estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos, en un tercio de su superficie. En definitiva, se dan muchas facilidades para la urbanización del litoral y se incluyen unas altas dosis de discrecionalidad que suponen un gran peligro vista la experiencia previa.

– Del mismo modo, se señala que “Las Administraciones urbanísticas que ya hayan delimitado o clasificado como suelo urbano a los núcleos o áreas a los que se refiere el apartado primero de esta disposición deberán solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el apartado segundo de esta disposición en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley. El informe deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado”. Y si no se responde, se entenderá que es aprobado.

Ecologistas en Acción advierte que esta disposición no realiza ninguna evaluación en los municipios que se pueden ver afectados por este cambio legislativo y advierte del grave peligro que puede conllevar para núcleos urbanos y periurbanos que han construido paseos marítimos sobre cordones dunares o partes altas de la propia playa. Estos lugares se han visto afectados por frecuentes inundaciones y daños en los propios paseos, que deben ser costeados por la Administración y que pueden implicar un riesgo para las personas, como es el caso de Blanes, Palamós, Peñíscola o La Manga.

Ecologistas en Acción también destaca que la situación de erosión costera actual, que alcanza el 90%, sumado al horizonte de aumento del nivel de mar que se prevé en los próximos años a causa del cambio climático puede colapsar nuestro modelo socioeconómico en la costa, ya que el presupuesto para obras de emergencia y de restauración de la costa necesitaría superar notablemente los 150 millones de euros invertidos en el año 2012.

Anxela Iglesias | Ecologistas en Acción