WWF denuncia a la Junta de Andalucía por modificar la Ley que permitirá legalizar a agricultores ilegales en terrenos forestales de Doñana 

La ONG alerta de que la Junta de Andalucía ha incluido en el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero de simplificación administrativa, una modificación de la Ley Forestal de Andalucía (Ley 2/1992, de 15 de junio) que permitirá legalizar a agricultores ilegales que ocupan terrenos forestales en el entorno de Doñana.

Con la excusa de la adaptación de la normativa andaluza a la estatal, este Decreto-Ley reduce la protección ambiental de las zonas forestales de Doñana y, en un claro ejemplo de arbitrariedad, aplica la retroactividad de la misma, sin justificación técnica ni participación pública alguna.

Con la modificación de esta norma, los suelos agrícolas situados en el entorno de Doñana, que a día de hoy están considerados como forestales y han sido transformados ilegalmente de forestal de turno corto a agrícola, serán amnistiados y el suelo será considerado como agrícola en lugar de ser restaurado, pudiendo seguir desarrollando su actividad hasta hoy considerada ilegal.

De esta forma, gracias al artículo 242 de este Decreto-Ley, los terrenos que actualmente tengan abierto expediente sancionador podrían reclamar el archivo del mismo y esquivar la sanción, puesto que tendrían consideración de agrícola.

De este modo, la Junta de Andalucía modifica sustancialmente su ley forestal mediante un Decreto-Ley cuya necesidad y urgencia es totalmente cuestionable y esquivando así la participación pública y los informes técnicos pertinentes, por lo que se desconoce completamente en este momento el número de hectáreas forestales que se verán afectadas, su actual estado y su importancia para Doñana.

Para WWF esta nueva maniobra para amnistiar a gran parte de los agricultores ilegales de Doñana supone un ataque directo al Pacto de Doñana firmado el pasado mes de noviembre entre la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y el Presidente de la Junta de Andalucía y por el que este se comprometió públicamente a la retirada definitiva de la Ley de Regadíos y el Gobierno de la nación a invertir 706 millones de euros en la restauración ecológica y el desarrollo sostenible en el entorno de Doñana.

“Con esta amnistía encubierta se daña la credibilidad del Pacto de Doñana que había sido presentado a la Comisión Europea”, ha afirmado Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, que ha añadido: “Si la Junta de Andalucía mantiene la retroactividad de esta norma, los ilegales habrán ganado el pulso al Estado de derecho en Doñana y no tendrá sentido el Pacto de Doñana”.

Coral García | WWF